El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, criticó la ley que obliga a gobernaciones y alcaldías del país a financiar la alimentación de personas privadas de la libertad que se encuentren en Unidades de Reacción Inmediata (URI) y estaciones de Policía. Esta nueva responsabilidad, que comenzará a aplicarse desde el 30 de junio, fue establecida por un fallo de la Corte Constitucional de 2022 y convertida posteriormente en ley por el Congreso de la República.
Gobernador de Bolívar rechaza nueva obligación de alimentar detenidos
Esta disposición ha generado preocupación entre alcaldes y gobernadores. Según ellos, no cuentan con los recursos suficientes para asumir este gasto sin afectar programas sociales ya existentes. Así lo expresó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios, realizado en Cartagena.
“Nos están obligando a escoger entre alimentar a las personas privadas de la libertad o garantizar la alimentación escolar de nuestros niños. Entendemos el componente humanitario del asunto, pero esta no puede ser una competencia de los entes territoriales”, afirmó el mandatario. Puede leer: Restitución de tierras en Montes de María avanza con fallo judicial
Gobernador de Bolívar alerta sobre carga fiscal por reclusos en URI
De acuerdo con cifras entregadas por el gobernador, en Bolívar hay cerca de tres mil personas detenidas en URI o estaciones de Policía. En consecuencia, esto representaría una carga fiscal considerable para el departamento. Además, Arana advirtió que la medida afecta la autonomía financiera y operativa de los gobiernos locales.
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Adicionalmente, el gobernador cuestionó que decisiones de este tipo provengan de la Corte Constitucional sin el respaldo presupuestal correspondiente. Según dijo, imponer nuevas responsabilidades sin recursos adecuados pone en riesgo los programas sociales que actualmente se ejecutan en los territorios.
“No es justo que la Corte Constitucional —a la que respeto profundamente— siga legislando desde sus fallos. Para eso existe el Congreso. Nos están trasladando responsabilidades sin recursos, imponiendo cargas que no podemos solventar. Los ingresos de los departamentos son limitados y muchas veces regresivos, por lo que decisiones como esta ponen en riesgo la sostenibilidad de programas sociales fundamentales”, expresó.
Llamado al Congreso y al Gobierno Nacional por financiación
Finalmente, el gobernador de Bolívar hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso para revisar con urgencia el impacto fiscal que implica esta medida. A su juicio, los entes territoriales no deberían asumir competencias que históricamente han estado a cargo del Gobierno Central. Mucho menos, dijo, si no se garantiza una fuente de financiación clara.
