Una mujer trans denunció agresión en Cartagena tras un presunto ataque físico y verbal por parte de un funcionario del Distrito. El hecho ocurrió en la madrugada del 28 de mayo en el Centro Histórico. La denuncia reavivó el debate sobre la violencia institucional y la discriminación contra personas trans en la ciudad.
La víctima, identificada como Vicky Altaona, aseguró que el funcionario se le acercó sin motivo y la insultó por su identidad de género. “Decía que yo era un simple marica y que no merecía estar ahí. Fue brutal. Me agredió no solo físicamente, también me quebró emocionalmente. Me habló como si no fuera una persona, como si no tuviera derechos”, relató.
Altaona afirmó que nunca actuó con violencia ni provocó al funcionario. Según ella, su reacción fue desmedida. “Hay personas de ese mismo grupo de funcionarios que nos tratan bien y una colabora. Pero él llegó gritando, insultando, sin ninguna educación”, agregó.
Secretaría del Interior responde tras denuncia de mujer trans en Cartagena
Tras conocerse la denuncia, la Defensoría del Pueblo acudió al lugar. Allí brindó acompañamiento a la mujer trans y facilitó la radicación de la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación.
La Secretaría del Interior, consultada por este medio, afirmó que el funcionario actuó en defensa propia. Según esa versión, la mujer trans habría atacado al trabajador con un arma blanca y le causó una herida en la mano. Hasta ahora no hay registros médicos ni evidencia oficial que respalde esa afirmación. El caso sigue bajo investigación.
Decreto 003 de 2024 y operativos en Cartagena bajo la lupa
El hecho ocurrió mientras la Alcaldía ejecuta operativos en el Centro Histórico. Estas acciones están respaldadas por el Decreto 003 de 2024, expedido a comienzos de ese año. Su objetivo es restringir diversas actividades en el espacio público, entre ellas el ejercicio de la prostitución.
La norma prohíbe la venta de servicios sexuales, el consumo de sustancias psicoactivas y cualquier actividad turística o comercial que aluda directa o indirectamente a servicios sexuales. Estas disposiciones se basan en la Ley 679 de 2001. Dicha norma busca proteger a la niñez frente al turismo sexual y la trata de personas.
El decreto hace parte del Plan Titán 24. Este plan incluye controles sobre el comercio informal y restricciones a la movilidad en zonas claves del Centro Histórico. Varias organizaciones sociales han advertido que estas medidas, al no tener un enfoque diferencial, pueden aumentar el riesgo de discriminación. Especialmente contra mujeres trans y personas en contextos de prostitución.
Experto: “Una mujer trans no debe ser blanco de violencia institucional”
El activista Manuel Antonio Velandia Mora, cofundador del movimiento homosexual en Colombia, aseguró que el caso de Altaona refleja una realidad estructural. Según dijo, persiste la falta de formación en derechos humanos y una preocupante tolerancia social frente a la violencia hacia las diversidades.
“No importa si soy un funcionario o un civil, los derechos están protegidos legalmente. Hay maneras de comunicar que una conducta es inapropiada, pero nunca mediante violencia física o verbal”, señaló.
En su opinión, aunque haya situaciones tensas en el espacio público, el personal del Estado está obligado a actuar con proporcionalidad, respeto y dentro del marco legal.
Velandia recordó que Colombia cuenta con leyes como la Antidiscriminación (Ley 1482 de 2011) y la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011). Estas normas amparan a personas de sectores históricamente excluidos. No obstante, dijo que la existencia de leyes no garantiza su aplicación. Puede leer: Fallo de acción popular en Manga sigue sin cumplirse
“Una manifestación de la discriminación es la violencia. Muchas veces se cree que solo insultar es discriminar. Pero excluir, golpear o humillar también lo es. Las mujeres transfemeninas son las más violentadas y quienes reciben las formas más graves de agresión. Es una violencia física, pero también simbólica y estructural”, indicó.
Además, advirtió que los decretos de orden público no pueden ser usados como excusa para abusos. “Los operativos y controles deben ejecutarse con un enfoque de derechos. De lo contrario, el Estado termina reproduciendo las mismas violencias que dice combatir”, concluyó.
Cifras del Caribe que reflejan una realidad preocupante
El más reciente informe de Caribe Afirmativo, titulado “Con permiso para despreciar”, reveló que las mujeres trans concentran los mayores índices de violencia en la región. Entre 2022 y 2023, el 41,5 % de los casos documentados de violencia contra personas LGBTIQ+ en el Caribe tuvo como víctimas a mujeres trans. Cartagena fue uno de los focos más críticos, con al menos 16 casos graves en ese período. Entérate de más en Caribe Afirmativo
El 60 % de las personas trans encuestadas reportó haber sufrido agresiones verbales en el espacio público. Un 38 % fue víctima de violencia física. Además, el 72 % manifestó desconfianza frente a las instituciones estatales. Consideran que las rutas de atención son revictimizantes o ineficientes.
El informe también analizó el impacto de los operativos en el Centro Histórico de Cartagena. Según Caribe Afirmativo, estas acciones han elevado el riesgo para mujeres trans y personas no binarias. Se ejecutan sin enfoque diferencial y muchas veces incluyen detenciones injustificadas, intimidaciones y señalamientos públicos.
La organización advirtió que aplicar controles sin ofrecer protección o inclusión laboral perpetúa el ciclo de exclusión. Mientras no existan garantías reales de derechos, el entorno urbano seguirá siendo hostil para quienes se apartan de las normas tradicionales de género.
