El presidente Gustavo Petro defendió este martes la legalidad del decreto que convoca a una consulta popular. Afirmó que su decisión está respaldada por el artículo 33 literal c de la Ley 1757 de 2015.
Desde su cuenta oficial en X, el mandatario explicó que dicha norma le permite emitir el decreto en tres escenarios distintos: si el Senado emite un concepto favorable, uno desfavorable o si no se pronuncia.
“El decreto de consulta tiene una base legal, que impide cualquier prevaricato”, escribió Petro. Aseguró que la falta de pronunciamiento del Senado habilita la firma del decreto y la fijación de la fecha de votación.
Juez advierte vicios de trámite en el Congreso
Petro también se refirió a un fallo judicial. Según indicó, en esa decisión se estableció que el Senado violó el debido proceso legislativo. Señaló que la apelación de la senadora María José Pizarro no fue tramitada, lo que impidió completar la votación sobre el concepto previo. Más detalles aquí
“El juez determinó que no se finiquitó el voto por el concepto previo, ni desfavorable ni favorable. No se perfeccionó la votación”, manifestó el presidente.
Gobierno habría suspendido el decreto de consulta popular si se aprobaba la reforma
Petro afirmó que su Gobierno estaba dispuesto a suspender la consulta si el Senado aprobaba la reforma laboral. Según explicó, esa aprobación debía hacerse con los criterios concertados en la Cámara, incluso con el apoyo de los gremios.
Sin embargo, el jefe de Estado criticó que el presidente del Senado decidiera cerrar el Congreso el martes. Para él, ese día era clave, pues había transcurrido un mes desde la radicación del mecanismo de consulta, como exige la ley. Puede leer: Consulta popular enfrenta a Petro con la oposición por decreto
“El presidente del Senado decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes, para que el presidente solo tuviera el día de mañana para usar la Ley 1757”, escribió Petro.
Presidente acusa bloqueo político para frenar el decreto de consulta popular
Finalmente, Petro criticó lo que calificó como un uso político del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay. Sostuvo que ese hecho fue utilizado para frenar la consulta popular y también bloquear el avance legislativo de la reforma laboral.
“Usaron el triste atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay para excluir al pueblo no solo de la consulta popular, sino de la reforma laboral”, concluyó.
