Una demanda contra cambios en el manual de funciones de la ANLA fue admitida por el Consejo de Estado. La acción fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Resolución 686 del 14 de abril de 2025, expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Esta resolución modificó el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de su planta de personal.
La admisión se produjo tras verificar que la acción judicial cumplía con los requisitos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, se notificó a las partes involucradas. Además, se ordenó a la ANLA remitir el expediente administrativo relacionado.

¿Por qué se presentó la demanda contra cambios en la ANLA?
La Fundación sostiene que la resolución amplió los núcleos básicos del conocimiento exigidos para ciertos cargos de libre nombramiento y remoción. Entre los nuevos perfiles se incluyeron disciplinas como filosofía, teología y comunicación social. Según el demandante, estas áreas no guardan relación con las funciones técnicas de esos empleos.
El director de la Fundación, Andrés Caro, explicó que “la Agencia Nacional de Licencias Ambientales es la entidad del Gobierno Nacional encargada, como su nombre lo indica, de otorgar o negar licencias ambientales y de hacer los estudios y los análisis tendientes a esas aprobaciones o a esos rechazos”.
Además, Caro agregó que “durante este gobierno se hicieron unos cambios en los manuales de funciones para permitir que filósofos, teólogos, comunicadores sociales sin experiencia en materia ambiental o minero-energética entraran a ocupar cargos importantes dentro de la ANLA”. Según dijo, esta situación desvirtúa la función técnica de la entidad. Puede leer: Garantías electorales Thomas Greg and Sons generan alerta

Fundación advierte que los cambios afectaron el criterio técnico
Por esta razón, el vocero señaló que “la Fundación para el Estado de Derecho hizo una demanda contra la Resolución 686 de abril de 2025, en la cual se modificaron los manuales de funciones y de competencias laborales en la agencia”. A su juicio, esa reforma “facilitó el nombramiento de personas que tienen perfiles e información técnica en cargos que requieren conocimientos ambientales”.
Sobre el alcance del auto, Caro manifestó que “con la admisión de la demanda, la ANLA debe justificar las razones y los fundamentos de los cambios que hizo al manual de funciones”.

Demanda contra cambios busca proteger el mérito en lo público
Asimismo, el director subrayó que el objetivo de la acción judicial es proteger la idoneidad técnica en el Estado. “Para tener una burocracia efectiva, un Estado que cumpla con sus tareas, con la materialización de los derechos de todos los colombianos, es muy importante que las instituciones tengan empleadas a las personas necesarias para cumplir las funciones para las cuales fueron diseñadas, para las cuales fueron establecidas. Ese es el motivo principal de esta demanda”, puntualizó.
Próximos pasos tras la admisión de la demanda
La demanda cuestiona la legalidad de la Resolución 686. Señala que vulnera principios como el mérito, la moralidad administrativa y la igualdad en el acceso a cargos públicos. Además, pone en duda la motivación técnica del acto y su coherencia con las funciones que deben cumplir los cargos modificados.
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de traslado. Por lo tanto, la ANLA deberá presentar sus descargos, junto con los documentos y estudios que sustentaron la expedición de la norma.