Dolor e impunidad marcaron el debate en el Concejo de Cartagena, donde se evaluó la gestión de Distriseguridad y de la Secretaría del Interior ante denuncias ciudadanas por el deterioro de la seguridad y el uso cuestionado de recursos públicos. La sesión, convocada por el concejal Javier Julio Bejarano bajo la proposición 030, reunió testimonios de víctimas y críticas al manejo institucional.
Durante la jornada, familiares de víctimas de homicidio y desaparición intervinieron ante los concejales, visibilizando graves omisiones institucionales. Las denuncias se centraron en la ineficacia del sistema de videovigilancia y en la falta de apoyo a las familias afectadas.
Dolor e impunidad: Testimonios que estremecen, dos casos que claman justicia
Lucy Diaz, madre de Tatiana Hernández, médica desaparecida desde el pasado 13 de abril, aseguró que las autoridades no han ofrecido avances sustanciales en la investigación. Relató que la última imagen de su hija fue captada en un video de la avenida Santander, pero a partir de allí no existen registros debido a que las cámaras del sector no funcionaban.
Según explicó, un funcionario de la Fiscalía le mencionó de manera informal que Tatiana habría caminado hacia Bocagrande, pero como esa información no está respaldada por grabaciones, para la familia no tiene validez probatoria. Puede leer: Desaparición de mujeres en Cartagena inquieta a colectivos
Díaz criticó lo que considera un trato desigual. Afirmó que cuando las víctimas no pertenecen a círculos de poder o reconocimiento, las investigaciones no avanzan. También denunció que algunos medios locales le han pedido moderar sus declaraciones para no afectar la imagen de la ciudad. En cuanto al respaldo institucional, señaló que ha tenido que asumir sola el costo de su estadía en Cartagena y que el único ofrecimiento del Distrito fue un descuento hotelero.
Delcy Ramírez, madre de Alix Valeria González, una joven asesinada durante un atraco, también intervino. Afirmó que desconoce cómo ocurrieron los hechos y que las cámaras del lugar del crimen tampoco aportaron evidencia. Recordó que su hija trabajaba desde los 18 años, era estudiante de licenciatura en la Universidad de Cartagena y su única compañía. “La perdí por culpa de la inseguridad, y eso me partió la vida”, declaró entre lágrimas.
Ambas madres coincidieron en un mensaje común: el abandono institucional frente a las víctimas sin vínculos políticos, la ausencia de apoyo emocional y económico, y la desesperanza generada por un sistema que —según ellas— parece diseñado para proteger a unos pocos. Dolor e impunidad es lo que han vivido desde el día en que sus hijas fueron violentamente arrebatadas.
Dolor e impunidad: barrios excluidos y mujeres silenciadas
Marelbis Sheck Anaya, vocera del colectivo Mujer Energía, denunció la situación de inseguridad en sectores vulnerables como La Brisa, La Gloria y barrio España. Según explicó, estas comunidades enfrentan el avance del microtráfico sin que existan rondas policiales constantes o vigilancia real.
Sheck advirtió sobre la proliferación de gastrobares que operan sin control, en los que menores estarían consumiendo sustancias psicoactivas. Señaló directamente al secretario del Interior y lo instó a regular esos espacios. También pidió mayor presencia institucional en los barrios, especialmente en lo relacionado con políticas para mujeres lideresas.
Cuestionó que muchas de estas mujeres hayan sido excluidas de procesos de participación social y programas comunitarios. Criticó además el estado del Programa de Alimentación Escolar y aseguró que se están entregando productos rotulados con exceso de grasa y azúcar a los niños de las zonas más pobres.
¿Dónde están los recursos? Distriseguridad bajo la lupa del Concejo
El concejal Javier Julio Bejarano presentó un análisis detallado de la ejecución presupuestal de Distriseguridad. Indicó que entre 2024 y lo que va de 2025, esta entidad ha manejado más de 150 mil millones de pesos, pero en el presente año solo ha ejecutado un 30 % de lo aprobado.
También reveló que el número de contratos por prestación de servicios creció de 105 en 2022 a más de 400 en 2025. Además, el valor promedio de cada contrato aumentó un 81 %. Según el concejal, en lo que va del año se han comprometido más de 7.200 millones de pesos para contratar menos personal que en años anteriores.
Otro de los puntos cuestionados fue la inversión de 5.100 millones de pesos en la construcción de 20 garitas de vigilancia. Bejarano señaló que cada una costó, en promedio, 255 millones de pesos y comparó esa cifra con el valor de apartamentos y vehículos nuevos. Afirmó que con ese dinero se podrían haber adquirido 19 apartamentos o cerca de 88 vehículos.
Entre presuntas irregularidades y autopromoción: críticas al director de Distriseguridad
Bejarano advirtió que “las cámaras de seguridad, a pesar de las millonarias inversiones, no han entregado resultados efectivos en delitos de alto impacto”. Cuestionó que “los dispositivos funcionen para sancionar infracciones de tránsito, pero no para esclarecer homicidios o desapariciones”.
Además, denunció que varios de los equipos entregados al cuerpo de salvavidas no están siendo utilizados por los funcionarios encargados. Representantes sindicales afirmaron que no tienen acceso a ambulancias ni a vehículos asignados, y que siguen trabajando con recursos mínimos.
Uno de los señalamientos más graves se dirigió contra el director de Distriseguridad, Jaime Hernández Amín. “Según verificaciones realizadas ante Dimar y el RUNT, el funcionario no cuenta con licencia de navegación ni permiso para conducir motocicletas, pese a aparecer liderando operativos en videos oficiales”.
Bejarano también exhibió piezas audiovisuales institucionales en las que figura un logotipo personal del director, lo cual consideró una violación a la ley “Chao Marcas de Gobierno”, que prohíbe el uso de imagen personal en campañas financiadas con recursos públicos.
Una presunta baja en la ejecución presupuestal, un presunto incremento en los contratos por prestación de servicios, las cámaras inoperantes y los operativos cuestionados han generado múltiples críticas desde distintos sectores. Para algunos ciudadanos, Dolor e impunidad resumen la frustración por la falta de respuestas frente a los problemas de seguridad.
El cabildante cerró su intervención con un llamado al alcalde Dumek Turbay para que revise el enfoque del gabinete distrital en materia de seguridad. Señaló que la administración ha contado con recursos y respaldo político, pero que los resultados aún no son proporcionales al gasto.
