Las Reacciones por el Decreto 0858 de 2025 no se han hecho esperar. La norma, firmada por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, modificó el Decreto 780 de 2016 y estableció oficialmente el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo como política nacional. Su objetivo es reorganizar el sistema con énfasis en prevención, territorialización, participación social y fortalecimiento del primer nivel de atención.
Este modelo busca garantizar el derecho a la salud mediante atención primaria territorializada. Fortalece el primer nivel de atención y reorganiza los servicios en redes integradas, con enfoque preventivo y resolutivo. También incorpora lineamientos de participación ciudadana, gobernanza intersectorial y formalización del talento humano.
El texto oficial establece que el modelo debe anticipar riesgos, evitar enfermedades y brindar soluciones efectivas desde el nivel local. Se aplicará a todos los actores del sistema, incluyendo EPS, prestadores públicos y privados, entes territoriales y organismos de control.
Reacciones por el Decreto desde organizaciones de pacientes y actores políticos
La Organización para la Defensa del Paciente en Derechos Humanos respaldó la medida. En su pronunciamiento afirmaron: “Saludamos el Decreto 0858 del 30 de julio de 2025 expedido por el Gobierno Nacional”. Destacaron su valor al promover un “modelo preventivo, predictivo y resolutivo como política en salud”.
Desde el ámbito político, el exministro de las TIC y precandidato presidencial Mauricio Lizcano valoró que el decreto “nos ayuda a mejorar el primer nivel de atención en salud” y que “fortalece las CAPS”. Indicó que, al mejorar la atención primaria, se reducirían costos en niveles más complejos del sistema.
Sin embargo, expresó reservas importantes. “No queda claro quién va a financiar esta nueva propuesta, en especial si parte de estos recursos salen de la UPC, de por sí ya desfinanciada”. También advirtió que “no queda muy claro tampoco el rol de las EPS”, ya que “ya no van a coordinar, sino lo hará el sector público”. Concluyó que el texto necesita claridad financiera y una definición precisa del papel de las EPS.
Reacciones por el Decreto desde el sector empresarial: legalidad y recursos en entredicho
Desde el sector privado, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, fue tajante. Señaló que “el Gobierno decidió imponer su idea de sistema de salud, muy probablemente en forma ilegal e inconstitucional”. Agregó que lo hizo “mediante un decreto que reglamentó lo que supuestamente el mismo Gobierno creía se debía hacer a través de una ley”.
Según Mac Master, el decreto abarca temas que requieren trámite legislativo e incluso podrían ser materia de ley estatutaria. “Se introducirá un inmenso desorden en el sistema”, afirmó. Lamentó que “no se haya definido de dónde provendrán los recursos para atender el sistema”, ni cómo afectará la prestación del servicio actual. Puede leer: Detalles del Decreto 0858 de 2025: cambia el modelo en salud
Advirtió también sobre el impacto laboral. Aseguró que “ni siquiera se tomaron el trabajo de pensar el efecto en los trabajadores de la salud”, y que muchos de ellos enfrentan un riesgo real de inestabilidad. Criticó además la posibilidad de que el Gobierno administre directamente “más de 80 billones de pesos”, lo que implicaría una concentración peligrosa de poder sobre la contratación de servicios y bienes en salud.
El dirigente gremial asoció esta decisión con el retiro del proyecto de reforma a la salud en el Congreso. “El presidente decidió que esta era una de sus banderas, y nunca entendió cuáles eran los riesgos a los cuales está sometiendo a los pacientes”, afirmó.
¿Qué papel tendrán las EPS y cómo se financiará el modelo?
Uno de los aspectos más discutidos es el rol que desempeñarán las Entidades Promotoras de Salud. Aunque el decreto establece que las EPS participarán en la conformación de redes territoriales, también se indica que el Ministerio de Salud liderará la implementación del modelo. No queda claro si estas entidades conservarán funciones centrales o quedarán relegadas a tareas específicas.
La financiación también genera incertidumbre. El decreto menciona varias fuentes: recursos del Sistema General de Participaciones, la UPC, el Fosyga, el SOAT y el presupuesto general. Sin embargo, actores políticos y gremiales coinciden en que no se especifica cómo se integrarán ni si serán suficientes. Tampoco se aclara el mecanismo para garantizar su ejecución efectiva a nivel territorial.
Reacciones por el Decreto apuntan a posibles efectos legales
Las implicaciones legales del decreto han sido objeto de debate. Según Bruce Mac Master, al sustituir un marco normativo completo y establecer nuevas estructuras, el decreto podría estar invadiendo competencias del Congreso. Para él, estas medidas deberían discutirse en el ámbito legislativo, y no mediante un acto administrativo.
El texto reemplaza integralmente el Decreto 1599 de 2022, que regulaba la Política de Atención Integral en Salud. Además, introduce principios, funciones y estructuras nuevas que transforman la arquitectura del sistema. Por eso, distintos sectores no descartan que se presente una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
