La condena de Uribe provocó una ola de reacciones entre los precandidatos presidenciales que aspiran a disputar el poder en 2026. Un juzgado penal de Bogotá impuso al expresidente Álvaro Uribe Vélez una pena de 12 años de prisión domiciliaria y una multa superior a los $3.000 millones por soborno a testigos y fraude procesal. Esta sentencia generó nuevas tensiones en el escenario político nacional.
Mientras algunos sectores políticos celebran la decisión como un avance hacia la justicia, otros la cuestionan y consideran que debilita la confianza en el sistema judicial.
La condena de Uribe divide a los aspirantes del Pacto Histórico y la derecha
La senadora María José Pizarro, precandidata del Pacto Histórico, afirmó que el fallo no refleja un deseo de venganza. Según ella, responde a una búsqueda legítima de justicia y verdad. Resaltó que las autoridades judiciales ofrecieron todas las garantías durante el proceso. Además, dijo que la sentencia demuestra que nadie está por encima de la ley ni puede usar la justicia en beneficio propio.
También afirmó que esta decisión abre la posibilidad de investigar otras acusaciones contra Uribe. Señaló que deben revisarse los señalamientos relacionados con violaciones a los derechos humanos. “La justicia deberá investigar y establecer responsabilidades”, indicó.
En contraste, la precandidata Victoria Eugenia Dávila rechazó el fallo y lo comparó con lo que ocurre con otros actores del conflicto armado y expresidentes. Aseguró que mientras Uribe recibió una condena, personas como Timochenko, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos no han enfrentado consecuencias a pesar de sus presuntos vínculos con crímenes o corrupción.
Aunque manifestó respeto por la justicia, cuestionó la decisión del juzgado. “La sentencia de esta juez no representa la justicia en un país como Colombia”, afirmó. Consideró que la decisión lanza una alerta preocupante sobre el estado del sistema judicial. Puede leer: La independencia del poder judicial preocupa a víctimas
La condena de Uribe como símbolo de uso político de la justicia
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y también precandidato presidencial, aseguró que Uribe intentó incriminar falsamente al senador Iván Cepeda mediante testigos manipulados. Según dijo, si el plan hubiese prosperado, el legislador habría recibido una condena de más de 20 años.
Quintero calificó como criminal el uso de testigos falsos. Afirmó que quienes manipulan procesos judiciales con pruebas falsas deben recibir las penas más altas. También vinculó este caso con su propia experiencia política. Denunció que intentaron sacarlo de la contienda presidencial con una maniobra similar.
De la Espriella llama a las calles tras la condena de Uribe
Desde una postura distinta, el abogado Abelardo De la Espriella criticó el proceso judicial. Calificó la sentencia como una infamia contra quien, según él, lideró la lucha contra el terrorismo y el populismo. Señaló que el fallo no se basó en pruebas sólidas, sino en motivaciones ideológicas.
De la Espriella convocó a una movilización ciudadana para el 7 de agosto, una fecha simbólica para la historia del país. “Uribe inocente, defensores firmes por Uribe y por la patria”, declaró durante su pronunciamiento.
Un fallo que marcará la agenda electoral
Las declaraciones de los precandidatos reflejan cómo una decisión judicial puede influir en el escenario político. También muestran diferencias profundas sobre el papel que debe desempeñar la justicia en la vida pública.
De cara a las elecciones de 2026, es probable que este tipo de posiciones sigan alimentando el debate. La relación entre justicia y política se perfila como uno de los temas centrales en la contienda presidencial.
