El Tribunal ordena libertad inmediata al expresidente Álvaro Uribe Vélez tras resolver una tutela presentada por su defensa. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá deja sin efecto la detención domiciliaria de 12 años en su contra. Sin embargo, no equivale a una absolución definitiva.

Según lo resuelto, Uribe recuperará su libertad mientras se adelanta la apelación interpuesta contra la sentencia. De este modo, el caso se mantiene como un punto central en la agenda política y jurídica del país.

Tribunal ordena libertad a Uribe: qué significa la medida para su caso

La condena contra el exmandatario surgió de investigaciones por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. En primera instancia, un juez de control de garantías ordenó que cumpliera detención domiciliaria.

No obstante, la defensa de Uribe alegó vulneración de derechos fundamentales y presentó una acción de tutela. Ese recurso derivó en el fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Puede leer: Iván Cepeda y Miguel del Río elevan derecho de petición

Tribunal ordena libertad a Uribe en medio de proceso judicial.// Foto: captura de video.

El proceso contra Álvaro Uribe sigue en revisión judicial

La libertad inmediata no cierra el proceso. El expediente sigue en revisión en instancias judiciales superiores. En consecuencia, las acusaciones deberán resolverse en el marco del sistema judicial.

El expresidente continúa en el centro de la discusión política. Mientras tanto, sectores afines celebran la decisión y opositores piden garantías de imparcialidad en el trámite.

Imágenes de archivo durante el juicio contra Álvaro Uribe.// Foto: captura de video.

Impacto político de la decisión que ordena la libertad de Uribe

El fallo tiene repercusión nacional y profundiza el debate político. Algunos lo ven como un triunfo judicial para el expresidente. Por el contrario, otros cuestionan el alcance de la medida.

La confrontación jurídica, iniciada hace más de una década, sigue siendo un tema clave en la agenda pública.

Por su parte, el senador Iván Cepeda y el abogado Miguel Ángel del Río presentaron un derecho de petición a la Cancillería. Solicitaron que se consulte al Gobierno de Estados Unidos sobre eventuales investigaciones en su contra. Además, señalaron que existe un plan para vincularlos falsamente con delitos de narcotráfico en medio de la disputa política con Álvaro Uribe Vélez.

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