“El hundimiento del referendo autonómico evita condenar al 70 % del territorio a la edad de piedra”, advirtió el senador Ariel Ávila tras la votación en la Comisión Primera del Senado. El congresista de Alianza Verde denunció irregularidades en la financiación de la iniciativa y señaló que detrás había un interés político del Centro Democrático.
Senador Ariel Ávila y la otra visión del referendo hundido en el Senado
“El proyecto, impulsado por el Centro Democrático y respaldado por el gobernador de Antioquia, buscaba que los impuestos de renta y patrimonio recaudados en cada departamento fueran administrados localmente, sin pasar por el sistema de redistribución nacional”, sostuvo el congresista.
Según Ávila, la propuesta debilitaba el principio de solidaridad fiscal. Además, abría la puerta a una peligrosa fragmentación de los recursos públicos.

Senador Ariel Ávila y la otra visión del referendo hundido: quién ganaba y quién perdía
“Este referendo no era más que una campaña política. Incluso hubo un condenado por corrupción que aportó 45 millones de pesos para financiarlo”, afirmó el senador. Vea el mensaje del congresista aquí.
En su criterio, la iniciativa mezclaba intereses partidistas con un modelo fiscal que favorecía solo a los departamentos con mayores ingresos. El congresista señaló que el esquema propuesto beneficiaba a “dos o tres departamentos”, mientras que el resto del país quedaba en desventaja.
Zonas como Vaupés, Guainía, Vichada, Arauca, Chocó y Amazonas habrían perdido gran parte de los recursos que reciben por redistribución. “Los mandaban a la edad de piedra”, expresó Ávila.
El senador explicó que sin la redistribución nacional, estas regiones no tendrían cómo suplir necesidades básicas de infraestructura, salud y educación. Recordó que hoy el Estado distribuye los recursos con base en criterios de población, pobreza y necesidades insatisfechas, lo que permite un mínimo de equidad territorial. Puede leer: Impuesto de seguridad: dudas sobre recursos en el Valle
Riesgos ambientales: la selva amazónica en la mira
Uno de los puntos más fuertes de la intervención fue el ambiental. Ávila aseguró que si el Amazonas dejaba de recibir apoyo del Estado, las autoridades locales se verían forzadas a buscar ingresos destruyendo la selva para proyectos extractivos o de colonización.
“Lo que me interesa del Amazonas es que la selva se preserve. Es el pulmón del mundo, nos da oxígeno, permite que llueva en gran parte del país. Al quitarle recursos, lo condenaban a destruirse para sobrevivir”, señaló.
Con este argumento, el senador vinculó el debate fiscal a la crisis climática global y a la responsabilidad del país en la protección de ecosistemas estratégicos.

Autonomía regional versus solidaridad fiscal
Ávila aclaró que no se opone a una mayor autonomía regional. Recordó que fue ponente de la reforma al Sistema General de Participaciones, que aumentó las transferencias de la Nación a los entes territoriales.
Sin embargo, subrayó que el referendo iba en sentido contrario. “Esto era condenar al 70 % del territorio nacional al atraso, mientras unos pocos se beneficiaban”. También puede leer: El Congreso frenó el Referendo por las Regiones
El congresista diferenció la descentralización responsable de lo que llamó “una campaña populista, politiquera y absurda”, que, a su juicio, pretendía confundir a la ciudadanía con promesas inviables.
Qué sigue tras el hundimiento del referendo
De acuerdo con el congresista, el hundimiento del referendo autonómico “representa un golpe al Centro Democrático, que había promovido la propuesta como bandera regional”. Para Ávila, lo ocurrido en la Comisión Primera demuestra que el Senado rechazó un modelo que ponía en riesgo tanto la equidad fiscal como la sostenibilidad ambiental del país.
La discusión, sin embargo, abre la puerta a un debate mayor sobre cómo fortalecer la autonomía de las regiones sin debilitar el principio de solidaridad. En ese punto, el senador insistió en que el camino está en ampliar las transferencias y diseñar un esquema más justo, no en fragmentar la capacidad fiscal del Estado.