La controversia se centra en el auto No. 202532000171409, emitido el 15 de diciembre de 2025, en el que se denuncian presuntas irregularidades, mediante el cual la entidad dio por concluido el periodo probatorio dentro del proceso de Identificación, Delimitación y Deslinde de tierras de la Nación (INDE). Este procedimiento afecta específicamente el área conocida como PÚA – Lote No. 2 de la antigua Hacienda Púa, ubicada en el Distrito de Cartagena de Indias.
De acuerdo con la denuncia ciudadana que Infomilenials recibió, existe la preocupación de que esta determinación perjudique a los campesinos, poseedores y ocupantes históricos de la zona.
Denuncian presuntas irregularidades tras la clausura del plazo probatorio
Para la comunidad de propietarios, poseedores y ocupantes asentados en el área del PÚA, el cierre del periodo probatorio constituye un punto decisivo, y no un trámite menor, según han manifestado.
“habilita el paso inmediato hacia una resolución definitiva mediante la cual se pretende fijar los linderos del bien baldío y, en consecuencia, definir quiénes quedan dentro o fuera del área de dominio de la Nación”, expusieron.
La principal preocupación de los ciudadanos denunciantes es la manera en que se ha llevado a cabo y consolidado esta etapa del proceso judicial.
“sin que, hasta el momento, exista certeza pública, clara y verificable de que la ubicación real de las personas, viviendas, actividades productivas, posesiones históricas y asentamientos humanos haya sido determinada con pruebas técnicas incuestionables”.
Según los denunciantes, la delimitación de un baldío no debe considerarse un proceso meramente teórico o abstracto.“Es una decisión que impacta vidas, hogares, proyectos familiares y comunidades enteras”, señalaron, al tiempo que insistieron en que este tipo de actuaciones exige “el más alto nivel de rigor técnico, transparencia y participación”.
Denuncian presuntas irregularidades tras auto que cierra etapa probatoria
La denuncia ciudadana conocida por Infomilenials se produce luego de que la Agencia Nacional de Tierras profirió el Auto No. 202532000171409 del 15 de diciembre de 2025, mediante el cual dispuso formalmente el cierre del periodo probatorio dentro del procedimiento administrativo de deslinde o delimitación de tierras de la Nación sobre el predio rural denominado PÚA Lote No. 2 de la Antigua Hacienda Púa, ubicado en el Distrito de Cartagena de Indias.
En el acto administrativo, la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la ANT señala que, una vez culminada esta etapa, el expediente será remitido al despacho para sustanciar y proferir la decisión final, aclarando además que contra el auto de cierre no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.14.19.2.14 del Decreto Único Reglamentario 1071 de 2015
El documento identifica el predio objeto del proceso con una extensión superior a 1.367 hectáreas, localizado en jurisdicción de Cartagena, y precisa que la actuación administrativa se apoya, entre otros insumos, en un Informe de Inspección Ocular realizado entre el 31 de julio y el 9 de agosto de 2025, así como en reconstrucciones cartográficas y antecedentes históricos que se remontan a decisiones adoptadas por el antiguo INCORA desde la década de 1960. Más información sobre este tema ingresa aquí.
No obstante, es precisamente este punto el que genera mayor preocupación entre los denunciantes. Según la comunidad, el cierre del periodo probatorio se habría ordenado sin que exista certeza pública y verificable de que las mediciones técnicas reflejen con exactitud la ubicación real de viviendas, actividades productivas, asentamientos humanos y posesiones históricas dentro del polígono definido como baldío.
El auto también confirma que el proceso involucra decenas de predios colindantes y traslapados, algunos con títulos antiguos adjudicados legalmente, y que se realizaron múltiples notificaciones a propietarios, sociedades y personas naturales vinculadas al trámite. Para la comunidad, este alcance refuerza la necesidad de que la decisión final se adopte con el máximo rigor técnico y pleno respeto por el debido proceso.
Denuncian presuntas irregularidades que pondrían en riesgo el debido proceso
La comunidad, en su declaración, advirtió sobre las potenciales repercusiones legales y sociales si se procede a tomar una determinación definitiva con base en un acervo probatorio que estiman deficiente o controvertible.
A su juicio, esto “abriría la puerta a consecuencias graves e irreversibles, como la declaratoria de ocupaciones irregulares, procesos de restitución administrativa, desalojos o pérdida de derechos posesorios”.
Los denunciantes subrayaron que dichas medidas podrían implementarse sin el conocimiento o consentimiento de los afectados. “la oportunidad real de conocer, controvertir y verificar la prueba que supuestamente determina su ubicación dentro del polígono del baldío”.
Ante este panorama, alertan sobre un peligro real de violación de derechos fundamentales, incluyendo el debido proceso, el derecho a la defensa, la posibilidad de presentar pruebas y la garantía de un acceso efectivo a la justicia.
“El auto de cierre probatorio no es un acto neutro”, afirman los denunciantes, destacando que este momento procesal es crucial. Según la comunidad, es ahora cuando se define si el procedimiento avanzará hacia una decisión final “con o sin garantías plenas”. Por consiguiente, argumentan que, ante cualquier duda razonable sobre la calidad y exactitud de las mediciones, “el momento de ejercer la defensa es ahora, no después”.
Denuncian presuntas irregularidades e instan a la defensa conjunta
Los denunciantes enfatizan que, lejos de pretender generar una alarma sin fundamento, su objetivo es fomentar la información responsable y la acción consciente. Por ello, subrayan el derecho de quienes viven, trabajan o poseen terrenos en la zona del PÚA a organizarse, mantenerse informados y buscar asesoría legal.
“La comunidad tiene derecho a exigir transparencia y a participar activamente en la defensa de sus derechos”, indicaron, recordando que el orden constitucional colombiano establece que ninguna decisión administrativa que afecte de manera profunda la vida de las personas puede adoptarse sin respeto estricto por el debido proceso ni sin pruebas técnicas sólidas.
En su llamado, instaron a no permanecer pasivos frente al avance del procedimiento de INDE. Informarse, asistir a reuniones comunitarias, solicitar explicaciones técnicas y exigir claridad sobre las mediciones realizadas son, según afirmaron, pasos legítimos para proteger “la dignidad, la estabilidad y el arraigo territorial de quienes han construido su vida en este espacio”.
Denuncian presuntas irregularidades y posibles efectos futuros del deslinde
La comunidad también señaló las posibles consecuencias de una decisión definitiva de deslinde sin las debidas garantías. Específicamente, temen que esto conduzca a la declaración de ocupación irregular, al inicio de procesos administrativos de restitución, a la pérdida de derechos posesorios y a la revisión o posible impugnación de títulos de propiedad de larga data.
Además, alertan sobre riesgos de desalojos y conflictos sociales por la tierra, en una zona donde históricamente han coexistido diferentes formas de ocupación y tenencia. Para los denunciantes, estas consecuencias no solo afectarían a los ocupantes actuales, sino que tendrían un impacto más amplio sobre la estabilidad territorial del área.
Denuncian presuntas irregularidades que afectarían títulos antiguos
La preocupación principal de la comunidad radica en que el procedimiento, según los denunciantes, no solo afectaría a los ocupantes más recientes, sino que también podría impactar predios que fueron legalmente adjudicados por el extinto INCORA durante las décadas de 1960 y 1970.
De acuerdo con los denunciantes, “estos predios estarían siendo objeto de verificación sobre el cumplimiento de la función social de la propiedad, a raíz de quejas presentadas por campesinos de la zona que han solicitado la posible reversión de dichos títulos”. Esta situación, advierten, incrementa la incertidumbre jurídica y amplía el alcance del conflicto.
“La comunidad tiene derecho a ser escuchada, a defenderse y a exigir que cualquier decisión se adopte con justicia, legalidad y humanidad”, concluye el pronunciamiento ciudadano, que define el comunicado como una alerta preventiva y un llamado a la defensa colectiva de derechos.
