El Concejo aprobó $384 mil millones para Cartagena y abre la puerta a nuevas inversiones en seguridad, salud, educación e infraestructura, con recursos que impactarán directamente a comunidades y proyectos estratégicos en toda la ciudad.
En Cartagena ya hay una hoja de ruta clara para el 2026. Con la aprobación del Proyecto de Acuerdo 103, el cabildo distrital autorizó una de las mayores reorganizaciones presupuestales recientes, que permitirá ejecutar inversiones en sectores sensibles para la ciudadanía.
La decisión se tomó en sesión plenaria y convierte el proyecto en Acuerdo Distrital. En total, se incorporan $342.329 millones y se trasladan $42.406 millones entre distintas unidades ejecutoras, consolidando así una bolsa superior a los $384 mil millones.

Concejo aprobó $384 mil millones y prioriza seguridad
La decisión del cabildo se traduce en una apuesta directa por la seguridad ciudadana. Parte de los recursos fortalecerán la Secretaría del Interior y entidades como Distriseguridad, en un contexto donde este tema se mantiene entre las principales preocupaciones de los cartageneros.
Desde la administración distrital, el secretario de Hacienda, Haroldo J. Fortich González, valoró el respaldo político. “Gracias por la confianza que depositan en la Administración para que estos recursos sean invertidos en el beneficio de todos los cartageneros”, afirmó.
Además, se contemplan acciones para mejorar la gestión del riesgo y la atención de emergencias, un punto clave en zonas vulnerables.

Concejo aprobó $384 mil millones para educación y salud
La inversión también impacta sectores sociales. La Secretaría de Educación recibirá más de $37 mil millones, mientras que el Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) contará con más de $11 mil millones.
Estos recursos buscan fortalecer programas educativos, mejorar condiciones en instituciones y ampliar la capacidad de respuesta en salud pública.
En paralelo, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social tendrá recursos para programas comunitarios que atienden poblaciones vulnerables.

Concejo aprobó $384 mil millones y mueve obras clave
En materia de infraestructura, la Secretaría del ramo recibirá una de las mayores asignaciones del traslado presupuestal, con más de $28 mil millones. Esto permitirá avanzar en el mejoramiento de la malla vial y en obras estratégicas para la movilidad.
El proyecto también contempla la continuación del alcantarillado en Pontezuela y Bayunca, así como la generación de espacios públicos.
El concejal Édgar Mendoza, coordinador ponente, destacó el alcance de estas inversiones.
“Son proyectos de gran envergadura que van a contribuir al desarrollo de la ciudad”, explicó.

Transporte, deporte y subsidios entran en la inversión
El acuerdo incluye recursos para el mantenimiento de Transcaribe, sistema clave en la movilidad urbana. A esto se suma el subsidio de transporte que beneficiará a poblaciones vulnerables.
También se contemplan obras complementarias del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú, lo que fortalece la infraestructura deportiva de la ciudad. Estas inversiones buscan impactar no solo la movilidad, sino también la calidad de vida en distintos sectores.
Así se distribuirán los recursos aprobados
El traslado presupuestal por $42.406 millones se distribuye así:
- Secretaría de Infraestructura: $28.021 millones
- Despacho del Alcalde: $7.385 millones
- Secretaría General: $7.000 millones
En cuanto a la incorporación de $342.329 millones, los mayores recursos se concentran en:
- Despacho del Alcalde: $71.427 millones
- Fondo Territorial de Pensiones: $55.573 millones
- Secretaría del Interior: $43.462 millones
- Secretaría de Educación: $37.292 millones
- Secretaría General: $35.779 millones
También reciben asignaciones entidades como el DATT, IDER, Corvivienda, IPCC y DADIS.
Concejo aprobó $384 mil millones y redefine prioridades
La aprobación presupuestaria indica un cambio en las prioridades del Distrito, enfocando la inversión en áreas de mayor impacto social y económico, más allá de la cuantía total.
El desafío crucial reside en la implementación: la ciudadanía exige que estos fondos se materialicen en mejoras tangibles, como obras, mayor seguridad y servicios públicos más eficientes.
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