El despliegue de 13 mil puestos de votación en todo el país marcará el eje central de la estrategia institucional para garantizar unas elecciones transparentes, seguras y libres de delitos electorales. Así lo explicó el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, durante la instalación de la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, un espacio que busca anticipar riesgos, focalizar alertas y coordinar acciones entre las entidades del Estado.
Desde el inicio de su intervención, Penagos subrayó que la comisión cumple un papel determinante para preservar la integridad del proceso electoral. “Lo primero es que es muy importante instalar la comisión de seguimiento a delitos electorales”, señaló, al advertir que el sistema electoral enfrenta desafíos que deben abordarse de manera articulada y preventiva.
13 mil puestos de votación y la integridad electoral
La estrategia alrededor de los 13 mil puestos de votación se sustenta, según el registrador, en un enfoque dual. Por un lado, el fortalecimiento de la integridad electoral y, por otro, la identificación y contención de las conductas que afectan la transparencia del proceso.
Penagos explicó que, aunque existe un trabajo institucional robusto para asegurar elecciones limpias, persisten prácticas ilegales que amenazan la pureza del sufragio. “Hay unas otras acciones que implican faltas, delitos que generan corrupción y dan al traste con un proceso electoral transparente”, afirmó, al enumerar delitos como la corrupción al elector, el fraude al sufragante, la compra de votos, la financiación ilegal de campañas y la trashumancia electoral.
En ese contexto, la comisión permitirá actuar de manera anticipada y focalizada. “Nos va a permitir ir construyendo claramente y focalizando aquellos lugares donde más incidencia de delitos electorales vamos a tener”, explicó el registrador, al destacar que esa información facilitará la toma de decisiones conjuntas con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.
13 mil puestos de votación bajo vigilancia institucional
El registrador detalló que el seguimiento no se limitará al análisis técnico, sino que tendrá presencia territorial. Según dijo, la comisión permitirá intervenir directamente en puestos y mesas donde ya existen denuncias o alertas tempranas. “Tomar acciones en algunos puestos y mesas de votación donde vemos alteraciones ya denunciadas y poder trasladarnos a diferentes lugares del territorio nacional para atacar esas incidencias delictivas”, precisó.
Además, recordó que los delitos electorales definidos en la Ley 1864 atentan contra la esencia misma de la democracia. “Son una serie de acciones que van en contra de la pureza electoral”, afirmó, al enfatizar que la responsabilidad no recae únicamente en la Registraduría, sino en todas las entidades del Estado.
En esa línea, hizo un llamado directo a los órganos de control y a las organizaciones políticas. “Nos corresponde a todas las entidades del Estado atacarlos de manera contundente y pedir apoyo a las organizaciones políticas para enfrentar esos flagelos”, sostuvo.
13 mil puestos de votación y riesgos por violencia electoral
Otro de los ejes abordados fue el impacto de la violencia en el ejercicio de los derechos políticos. Aunque Penagos aclaró que no cuenta con datos específicos sobre investigaciones disciplinarias a servidores públicos, aprovechó para alertar sobre factores de seguridad que inciden directamente en la participación electoral.
De acuerdo con los estudios adelantados por la Registraduría, se identificaron 312 municipios con presencia de grupos armados ilegales. “En el 40% de ellos pareciera verse un interés político electoral de esos grupos armados ilegales”, advirtió, al explicar que este fenómeno responde a la atomización de estructuras ilegales en el territorio nacional.
El análisis revela comportamientos contrastantes. En algunos territorios, la alta violencia se traduce en baja participación electoral. Sin embargo, en otras zonas, especialmente del noroccidente del país, se registra una paradoja. “Hay alta violencia y alta participación”, explicó Penagos, lo que podría indicar coacción al elector o instrumentalización del voto.
Frente a ese escenario, el objetivo de la comisión será advertir y actuar. “De eso se trata, de que se adviertan circunstancias de esa naturaleza para atacarlas de manera permanente”, afirmó.
13 mil puestos de votación con refuerzo de seguridad
La seguridad en los 13 mil puestos de votación fue otro de los puntos centrales. El registrador confirmó que, previo a la comisión, se realizó una reunión del Plan Democracia con el Ministerio de Defensa, la cúpula militar, el procurador y el contralor.
Como resultado de ese encuentro, se garantizó el acompañamiento de la fuerza pública en todos los puestos de votación del país. Además, se anunció una ampliación significativa del pie de fuerza. “Se amplía el servicio militar a cerca de 22.000 efectivos que van a ayudar y acompañar ese proceso electoral”, indicó.
Las decisiones operacionales se concentrarán especialmente en 104 municipios catalogados como de alta incidencia. Según Penagos, se trata de territorios donde existen mayores dificultades para el ejercicio de los derechos políticos y donde el despliegue de seguridad será prioritario.
El registrador fue enfático en que la protección no se limita a los votantes. “No se trata solamente de garantizar el derecho al voto libre, sino la seguridad de todos los actores electorales”, afirmó, incluyendo jurados, testigos, funcionarios de la Registraduría y miembros de los órganos de control.
13 mil puestos de votación y reglas para la consulta
Durante la rueda de prensa, Penagos también se refirió a las reglas de votación en las próximas elecciones del 8 de marzo. Confirmó que los jurados entregarán dos tarjetas electorales, una para Senado y otra para Cámara de Representantes.
Al mismo tiempo, explicó que los jurados deberán informar a los ciudadanos sobre la existencia de la tarjeta de consulta. “Ellos decidirán si quieren votar en ella o no. Ese es el procedimiento que establece la ley 130 y así lo vamos a llevar a cabo”, puntualizó.
Finalmente, anunció que el próximo 9 de febrero iniciará la capacitación de cerca de 800.000 jurados en todo el territorio nacional. Esta formación abordará tanto la votación de Senado y Cámara como el desarrollo de las diferentes consultas.
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