El presidente Petro reaccionó con firmeza luego de que el Gobierno de Guatemala publicara un comunicado
El presidente Petro reaccionó con firmeza luego de que el Gobierno de Guatemala publicara un comunicado oficial. En él rechaza las órdenes de captura emitidas por su Ministerio Público contra el embajador de Colombia, Iván Velásquez Gómez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón.
Según el documento, las órdenes carecen de sustento legal. Además, violan el acuerdo firmado con Naciones Unidas para crear la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). También contravienen principios del derecho internacional establecidos en la Carta de la ONU y de la OEA.
Iván Velásquez lideró la CICIG entre 2013 y 2019. Durante su gestión encabezó investigaciones contra redes de corrupción en las altas esferas del poder. Esa labor generó tensiones con sectores del sistema judicial guatemalteco.
Actualmente, la Fiscalía lo señala por supuestas irregularidades cometidas en ese período. No obstante, el Ejecutivo califica esos señalamientos como infundados y sin base jurídica.
Ejecutivo guatemalteco habla de motivaciones políticas
El comunicado acusa a la fiscal general y a varios jueces de impulsar una campaña con motivaciones políticas. Según el Gobierno, las órdenes de captura no se sostienen en el derecho nacional ni internacional.
También advierte que estas decisiones hacen parte de una serie de acciones que han “tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala”.
Las autoridades guatemaltecas ya se comunicaron con el Gobierno colombiano. El objetivo fue presentar objeciones diplomáticas frente al caso. En su pronunciamiento, el Ejecutivo calificó la actuación del Ministerio Público como “irresponsable y espuria”. Puede leer: Fiscal General de la Nación responde a orden de captura
Presidente Petro advierte sobre mafias en sistemas judiciales
Desde su cuenta en X, el presidente Petro lanzó críticas contundentes contra varias fiscalías latinoamericanas. A su juicio, han sido cooptadas por intereses criminales.
“La fiscalía de Guatemala, como la fiscalía de Colombia en tiempos de Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías”, escribió.
El mandatario advirtió que las mafias buscan controlar los sistemas judiciales y los gobiernos para garantizar impunidad. “Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos”, añadió.
Además, aseguró que estos delitos deben tratarse como crímenes internacionales. “Los crímenes cometidos por las mafias, contra el pueblo latinoamericano, son crímenes de lesa humanidad. Son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional”, dijo.
Finalmente, hizo un llamado a juristas independientes para iniciar una acción legal. “Invito a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia. Que sean juzgadas y condenadas en tribunal internacional”, concluyó.
Tensión diplomática y nuevo debate sobre justicia en América Latina
El pronunciamiento del presidente Petro reavivó el debate sobre la independencia judicial en la región. También puso de nuevo en discusión el uso del derecho penal en contextos de crisis política.
Por su parte, el Gobierno de Guatemala dejó claro que no respalda la decisión de su propio Ministerio Público. Esa postura generó una nueva tensión diplomática con Colombia.
El caso plantea interrogantes sobre los límites entre justicia, poder político y criminalidad organizada en América Latina.
