La bancada de víctimas en el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez elevó este jueves una alerta internacional. En una comunicación oficial dirigida a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresaron su preocupación por posibles presiones externas. Según indican, estas presiones pondrían en riesgo la independencia del poder judicial en Colombia.
La misiva fue suscrita por Iván Cepeda Castro, Reinaldo Villalba Vargas, Miguel Ángel Del Río Malo y Deyanira Gómez Sarmiento. Los destinatarios fueron Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, y Roberta Clarke, relatora de la CIDH para personas defensoras y operadoras de justicia.
Los firmantes advierten sobre intentos de interferencia en la función jurisdiccional. Esto ocurrió tras conocerse el fallo de primera instancia emitido por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia. La jueza declaró culpable a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Víctimas del caso Uribe alertan presión externa en la justicia
Según la bancada, la audiencia del pasado 28 de julio se celebró en un entorno marcado por alta presión mediática y política. Aseguran que la jueza Heredia fue blanco de ataques y señalamientos antes y después del fallo. Estos hechos, afirman, comprometen su integridad física y su independencia como funcionaria judicial.
El comunicado también menciona declaraciones de legisladores y funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Para los firmantes, estas expresiones podrían interpretarse como señales de presión sobre la justicia colombiana. Reiteran que los jueces deben actuar con total autonomía, sin injerencias externas y bajo respeto a la soberanía nacional. Puede leer: Reacciones tras el fallo contra Uribe dividen al Congreso
La independencia del poder judicial: organismos internacionales reciben denuncia sobre injerencias
En la carta, los representantes de víctimas solicitaron una intervención urgente por parte de los organismos internacionales. Buscan garantizar condiciones de independencia para jueces y operadores judiciales. También piden prevenir cualquier tipo de presión que pueda influir en el fallo de segunda instancia, a cargo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
“El objetivo es garantizar condiciones de neutralidad y legalidad en el desarrollo del proceso judicial contra el expresidente”, manifestaron los firmantes. Insistieron en que el respeto al debido proceso es fundamental para preservar el Estado de Derecho.
Este llamado a la ONU y la CIDH podría abrir un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más emblemáticos del país. La mención explícita de actores extranjeros introduce un componente internacional al debate jurídico, con posibles implicaciones diplomáticas. Lea el comunicado completo aquí.
