Orden público en el sur de Bolívar: Gobierno y Gobernación actúan
La situación de orden público en el sur de Bolívar ha encendido las alarmas de las autoridades nacionales y locales. Debido a la disputa por zonas mineras, especialmente de oro, se han registrado acciones violentas atribuidas al ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Ante este panorama, el Gobierno nacional y la Gobernación pusieron en marcha un despliegue conjunto de seguridad e institucionalidad en los municipios afectados.
Gobernación de Bolívar lanza Caravanas de Seguridad
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, lanzó las Caravanas de Seguridad. Esta estrategia comenzó el 5 de agosto y se extenderá hasta el día 10 en el municipio de El Carmen de Bolívar. Además, hace parte de su política de “cero tolerancia al crimen”.
“La seguridad no se negocia. Iremos a cada rincón del departamento para hacer presencia institucional y cerrarle el paso a quienes amenazan la paz”, expresó.
Para lograrlo, la intervención cuenta con el respaldo de la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, la Fiscalía, Migración Colombia, la Registraduría, los Guardianes de Bolívar y personal de rentas. De esta forma, se busca cubrir todos los frentes del aparato estatal.
“No solo vamos con fuerza pública. También vamos con la institucionalidad para hacer valer la ley y devolverle la confianza a la ciudadanía”, añadió el gobernador.
Orden público en Bolívar: MinDefensa denuncia crímenes de guerra
Desde el Gobierno nacional, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a los hechos registrados en el sur del departamento. Según él, los corredores viales están en disputa por parte de grupos armados ilegales que buscan controlar la minería ilegal de oro.
“Estamos recuperando, sin pausa y con determinación, la movilidad en el sur de Bolívar”, aseguró el ministro en su cuenta de X el pasado 3 de agosto.
Adicionalmente, Sánchez denunció el uso de drones con explosivos para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil. Por esa razón, calificó los hechos como crímenes de guerra y violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Puede leer; Restitución de tierras en Montes de María avanza con fallo judicial
“Quienes usan explosivos para intimidar y presionar a las comunidades no son rebeldes, son terroristas”, enfatizó.
Además, el ministro advirtió que los ataques buscan desabastecer y aislar a comunidades rurales. Las zonas más afectadas, según indicó, estarían entre Santa Rosa y Canelos.
Fuerza Pública mantiene operaciones en el sur de Bolívar
Por su parte, las Fuerzas Militares mantienen operaciones ofensivas en puntos estratégicos del sur del departamento. Estas acciones están a cargo del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Aunque se ha logrado recuperar parte de la movilidad civil, todavía se presentan hechos violentos en algunos corredores.
Asimismo, el ministro reiteró que la protección de la población civil sigue siendo una prioridad para el Gobierno. Finalmente, hizo un llamado a los organismos humanitarios para que denuncien y documenten los posibles abusos que ocurren en la zona.
Una intervención con enfoque integral
En conjunto, la presencia militar e institucional busca garantizar el control estatal. A través de estas acciones, el Gobierno nacional y la Gobernación de Bolívar pretenden enviar un mensaje claro: el orden público no puede ser vulnerado por intereses criminales. Esta coordinación interinstitucional representa un cambio importante en la manera como se enfrenta la violencia en el territorio.
