La Fiscalía General de la Nación desmanteló una estructura delictiva dedicada a extraer, transformar y vender hidrocarburos de forma ilegal. Según la investigación, seis empresas fachada operaban para dar apariencia de legalidad al crudo hurtado del oleoducto Caño Limón–Coveñas, causando un detrimento patrimonial cercano a los nueve millones de dólares
El grupo criminal, conocido como Los de Cuello Negro, obtenía ganancias superiores a 2.000 millones de pesos mensuales mediante la falsificación de documentos y el pago de sobornos a integrantes de la fuerza pública. Su actividad ilegal afectó directamente la economía nacional y la infraestructura energética del país.
La Fiscalía General de la Nación revela cómo operaba la red
El director especializado contra el crimen organizado, Andrés Escobar, explicó que los responsables perforaban el oleoducto Caño Limón–Coveñas para extraer el hidrocarburo, lo procesaban en plantas propias y luego lo vendían bajo apariencia de legalidad.
“Son seis empresas que transformaban el hidrocarburo hurtado y luego lo vendían lícitamente, logrando ganancias de unos 2.000 millones de pesos mensuales”, afirmó Escobar.
Durante cuatro años de seguimiento, la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, la Dicar de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) coordinaron la investigación. Los investigadores rastrearon los movimientos financieros y la red de complicidades que mantenía activo el negocio ilícito.
“Robaban alrededor de 32.000 galones mensuales, lo que en cuatro años constituye un detrimento patrimonial para el Estado de aproximadamente nueve millones de dólares. Este hecho afectaba la economía de Ecopetrol y la infraestructura crítica de hidrocarburos del país”, puntualizó el funcionario.
El esquema incluía el transporte del crudo por rutas no vigiladas, su almacenamiento en plantas privadas y la venta directa a terceros. Parte del hidrocarburo terminaba en el mercado formal, lo que permitía ocultar su origen ilícito.
Los de Cuello Negro: un entramado empresarial criminal
El boletín oficial detalla que las empresas fachada operaban desde Barrancabermeja, Sabana de Torres, Galapa, Barranquilla y Cúcuta. Cada una cumplía un rol definido dentro del esquema: extracción, refinamiento, transporte o comercialización
“Capturamos a los propietarios, administradores y a un ingeniero de petróleos que colaboraba en la transformación del hidrocarburo. Además, investigamos la posible participación de funcionarios públicos”, explicó Escobar.
Entre los detenidos se encuentra Germán Arturo Sánchez Sánchez, señalado como cabecilla y principal responsable de dirigir la sustracción, el transporte y la venta del crudo. También fueron arrestados Ricardo Pacheco López, administrador de una planta de tratamiento en Barrancabermeja; Luis Beltrán González Acuña, representante de una empresa de lubricantes en Cúcuta; y Óscar Luis Pastrana Martínez, ingeniero químico de una planta en Galapa que se encargaba de las pruebas de densidad y mezclas del hidrocarburo.
Otros implicados, como Fabricio Patiño Cabrejo, Adriana Durán Otavo e Ingrid Galeano Rojas, desempeñaban tareas esenciales para revender el producto y ocultar su procedencia ilícita.
La Fiscalía General de la Nación judicializa a los responsables
Los siete capturados comparecieron ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento ilícito de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento privado
“Estamos en otra fase de la investigación para determinar responsabilidades adicionales y evitar que estas prácticas se repitan”, sostuvo Escobar.
Por primera vez, la Fiscalía judicializó empresas completas que aparentaban legalidad mientras participaban en el desvío de hidrocarburos.
“Transformaban el producto y lo vendían. Una parte la entregaban a Ecopetrol y otra a particulares. Lo hacían de forma aparentemente lícita, pero todo el crudo provenía del robo al oleoducto”, agregó el funcionario.
La Fiscalía General de la Nación avanza en una nueva fase
El equipo investigador continúa verificando si empleados de Ecopetrol o servidores públicos contribuyeron al funcionamiento del esquema.
“En todo el entramaje delictivo identificamos apoyo de algunos miembros de la Fuerza Pública, quienes también están siendo investigados por la Fiscalía”, declaró Escobar.
La entidad amplió las pesquisas para rastrear los bienes y activos que los implicados adquirieron con el dinero del delito. Las pruebas recabadas apuntan a un sistema financiero paralelo que permitía lavar los ingresos producto del robo.
El funcionario destacó la importancia de la cooperación interinstitucional para combatir estas redes.
“El trabajo articulado entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la Dijín demuestra que el Estado puede enfrentarse eficazmente a la criminalidad que afecta los recursos del país”, subrayó.
Implicaciones económicas y sociales
El fraude impactó las finanzas del Estado y de Ecopetrol, además de poner en riesgo la seguridad del oleoducto y las zonas rurales aledañas. Las perforaciones ilegales ocasionaron fugas, incendios y contaminación del suelo. La Fiscalía resaltó que este tipo de operaciones delictivas deteriora la confianza en el sector energético y genera pérdidas que superan los márgenes anuales de inversión en infraestructura petrolera.
La institución destacó que la investigación marca un precedente nacional en la lucha contra el apoderamiento ilícito de hidrocarburos, un delito que combina corrupción, falsificación documental y lavado de activos.
El caso de Los de Cuello Negro también refleja cómo el crimen organizado utiliza estructuras empresariales para legalizar lo ilegal. La Fiscalía insistió en que fortalecerá la inteligencia económica y judicial para anticipar nuevos intentos de fraude en la cadena energética.
