Asamblea constituyente busca rediseñar el Estado social de derecho
El exfiscal general y actual ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Lynett, presentó el borrador del proyecto de ley que convoca a una Asamblea Constituyente, con el propósito de reformar integralmente la Constitución de 1991. La iniciativa plantea que el pueblo colombiano decida en votación popular si respalda la creación de un nuevo texto constitucional, ajustado a las actuales necesidades políticas y sociales del país.
El documento, fechado el 23 de octubre de 2025, argumenta que el Estado social de derecho colombiano muestra signos de agotamiento y que los bloqueos institucionales del Congreso impiden materializar reformas sociales esenciales. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, que es el único que puede crear una nueva Constitución”, se lee en la exposición de motivos del proyecto. Lee más sobre el proyecto aquí.
Asamblea constituyente: respuesta al bloqueo institucional
Montealegre sostiene que el país atraviesa una situación similar a la vivida antes de la Asamblea de 1991: corrupción, violencia contra líderes sociales, impunidad y parálisis legislativa. En su diagnóstico, el Congreso “ha renunciado a la democracia deliberativa”, lo que exige repensar el modelo institucional sin rupturas democráticas.
“El bloqueo institucional que practica actualmente el Congreso colombiano implica soluciones sin rupturas institucionales. Se impone repensar el modelo institucional para el logro de los objetivos del Estado social de derecho”, afirma el documento
La iniciativa busca activar un mecanismo constitucional que devuelva el curso de las reformas estructurales, especialmente aquellas que el Legislativo ha archivado sin debate suficiente.
Asamblea constituyente: 71 delegatarios con paridad e inclusión
El proyecto establece que la Asamblea Constituyente estaría integrada por 71 delegatarios elegidos por voto popular, con criterios de paridad y representación de grupos históricamente marginados.
De los 71 miembros, 44 serían elegidos por circunscripción nacional, mientras los restantes corresponderían a comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas, víctimas del conflicto, sindicatos, jóvenes, población LGBTIQ+, madres cabeza de familia, raizales, palenqueros, pueblo Rrom y colombianos en el exterior. “La mitad de los delegatarios de cada grupo serán mujeres”, precisa el texto
Este diseño busca garantizar una representatividad social más amplia, similar al modelo plurinacional adoptado en procesos constituyentes recientes como los de Chile o Ecuador.
Asamblea constituyente: reforma total con límites al poder
La propuesta establece que la Asamblea tendrá competencia para reformar la totalidad de la Constitución, pero con límites claros: no podrá revocar al Congreso, ni desconocer tratados internacionales sobre derechos humanos o el principio de no regresividad en derechos sociales.
“El poder constituyente no es absoluto, ilimitado y soberano en su labor, ya que tiene que cumplir limitaciones propias de su labor”, cita el proyecto refiriéndose a la jurisprudencia de la Corte Constitucional
La sesión de la Asamblea duraría tres meses y su instalación se realizaría 30 días después de la declaración oficial de elección de los delegatarios. Además, se plantea una campaña pedagógica nacional para garantizar la participación informada de la ciudadanía. Entérate de más sobre la Asamblea constituyente aquí
Un debate de fondo sobre el Estado social de derecho
El documento profundiza en el concepto de Estado social de derecho, heredado del pensamiento alemán de Hermann Heller, y sostiene que su cumplimiento en Colombia ha sido parcial. La falta de garantía de derechos sociales, la impunidad y la desigualdad hacen necesaria —según el texto— una nueva estructura institucional que asegure una democracia efectiva.
Entre los puntos que justifican la convocatoria destacan la inexistencia del estatuto del trabajo, la crisis del sistema de salud, la falta de desarrollo del derecho a la vivienda digna y la ausencia de autonomía territorial indígena. Además, Montealegre propone crear un tribunal de cuentas para enfrentar la corrupción y fortalecer la jurisdicción constitucional para controlar las omisiones legislativas.
Reacciones y antecedentes históricos
El planteamiento de una nueva Asamblea Constituyente revive el debate sobre los límites del poder constituyente. En 1991, la Séptima Papeleta abrió el camino hacia la actual Carta Política; hoy, más de tres décadas después, el Gobierno busca un proceso participativo “sin romper la institucionalidad democrática”.
El proyecto será sometido a revisión de la Corte Constitucional antes de cualquier consulta popular, en cumplimiento de los artículos 241 y 376 de la Carta. Si la iniciativa avanza, Colombia entraría en un nuevo ciclo constituyente con profundas implicaciones jurídicas, sociales y políticas.
Como ocurrió en 1991, el éxito del proceso dependerá de su legitimidad y de la capacidad del Estado para garantizar una deliberación ciudadana amplia y transparente.
