La situación del inspector rural Ramiro De Hoyos Castillo quedó consignada en documentos de la Alcaldía, la UNP y la rama judicial, donde se describe el contexto de amenazas y decisiones administrativas que hoy lo ubican como funcionario en riesgo extremo según la valoración oficial de la Unidad Nacional de Protección. Estas piezas evidencian un escenario que involucra actuaciones administrativas, riesgos territoriales y denuncias sobre falta de garantías laborales.
La Resolución 010425 del 18 de noviembre de 2025, expedida por la UNP, determinó que el inspector enfrenta un riesgo extraordinario derivado directamente de su labor institucional en Santa Cruz del Islote, zona insular con presencia de estructuras ilegales. En esa resolución se incluyen informes de Fiscalía, CTI, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Armada Nacional, entidades que confirmaron la existencia de amenazas asociadas a sus funciones.
Funcionario en riesgo extremo: amenazas confirmadas en la evaluación de riesgo
El documento técnico señala que el 27 de julio de 2025 el inspector recibió una llamada mientras estaba en un centro comercial en Cartagena. Un desconocido le dijo:
“Si tienes algo que ver con las capturas que se hicieron en Tolú, atente a las consecuencias”, frase que quedó registrada en el expediente analizado por la UNP.
El funcionario relacionó esa amenaza con operativos recientes contra presuntos integrantes del Clan del Golfo. Según la resolución, su rol como inspector rural lo convirtió en una autoridad visible en un territorio donde confluyen tensiones comunitarias y fenómenos de criminalidad.
La resolución señala que el CTAR (Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo) verificó en terreno la información aportada por el inspector y por las autoridades locales. Aunque el consejo comunitario no reportó información adicional, el análisis técnico documentó distanciamientos derivados de medidas disciplinarias impuestas por De Hoyos en casos de riñas y conductas contrarias a la convivencia.
Funcionario en riesgo extremo: suspensión del salario y ausencia de medidas inmediatas
La acción de tutela radicada en el Juzgado 10° Administrativo Oral indica que el inspector había informado sobre las amenazas y sobre la imposibilidad de desplazarse al Islote sin garantías de seguridad. Además, reiteró que no contaba con un inmueble oficial para ejercer sus funciones.
A este medio afirmó: “Nunca me mostraron esa carta. Me separaron del cargo y me dejaron sin ingresos. Para poder sobrevivir me ha tocado vender mis electrodomésticos y mis objetos personales. Mi hijo no ha podido estudiar. Y mi mamá está en condición de discapacidad y depende de mí”.
La tutela sostiene que la suspensión del salario afectó su mínimo vital y el de su núcleo familiar. El inspector también asegura que no recibió instrucciones claras ni alternativas seguras para continuar con su labor:
“No me han dado ninguna solución. No me dicen si me van a trasladar, no me dicen si me van a poner policía, no me dicen si me van a asignar una inspección en un lugar seguro. No me llaman, no me citan, no me explican nada. Solo dicen que vaya al Islote, como si no existieran las amenazas”.
Un cargo sin inmueble oficial y sin condiciones de seguridad
Uno de los puntos centrales en su declaración es la ausencia de infraestructura laboral. El inspector relató:
“La inspección de policía está dentro de mi casa desde 2008. Nunca me entregaron un inmueble para trabajar. Y eso lo sabe la Alcaldía, la Secretaría del Interior, Apoyo Logístico y Talento Humano. Nunca me dieron las condiciones de seguridad necesarias, a pesar de que conocen todo el contexto de inseguridad en el Islote”.
Este hecho también aparece mencionado en la acción de tutela como un factor histórico que ha impedido una presencia institucional adecuada en zonas insulares.
Funcionario en riesgo extremo: un territorio con alertas previas y retos institucionales
El inspector describió las condiciones del Islote y de Puerto Caracol: “Eso allá es abandono total. No hay presencia policiva. Hay venta y consumo de alucinógenos, problemas de convivencia, violaciones a derechos, malos servicios públicos, educación deficiente y salud terrible. Puerto Caracol tuvo un incendio y nadie hizo seguimiento. Allá viven cerca de 800 personas totalmente desprotegidas”.
La UNP cita como antecedentes las Alertas Tempranas 019 de 2023 y 003 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, que advertían situaciones de conflicto y riesgo en la zona insular del archipiélago de San Bernardo. El CTAR (Cuerpo Técnico de Análisis de Riesgo) también registró que los desplazamientos del inspector se realizan por rutas marítimas con limitaciones de seguridad.
Funcionario en riesgo extremo: lo que dice la UNP y los próximos pasos
La UNP recomendó entregar un chaleco blindado y recordó que, bajo el principio de subsidiaridad, la Alcaldía debe asumir inicialmente las medidas de protección o certificar la falta de recursos para que la Unidad pueda implementarlas directamente.
El inspector anunció que evalúa otras acciones judiciales contra funcionarios y miembros del consejo comunitario, mientras que la tutela solicita reintegro, pago de salarios suspendidos y la activación inmediata de medidas de protección. lea más sobre la UNP aquí.
