El presidente Gustavo Petro reiteró este miércoles que la consulta popular impulsada por su Gobierno no enfrenta obstáculos fiscales y que podría realizarse con recursos ya aprobados en el presupuesto nacional, siempre que reciba el respaldo del Senado de la República.
“Estuve hablando personalmente con el señor Registrador, sobre las fuentes de financiación de las elecciones que comienzan a finales de este año, las del año entrante, y la consulta popular si la aprueba el Senado”, indicó el mandatario al referirse a las condiciones para la ejecución del mecanismo de participación.
Petro defiende viabilidad fiscal del mecanismo de participación
El presidente aseguró que, mediante el uso de vigencias futuras y la redistribución de partidas existentes, el Gobierno está en capacidad de financiar la consulta sin afectar la estabilidad presupuestaria.
“Con la figura de vigencias futuras y el desplazamiento de partidas, ya aprobadas en el presupuesto actual. No hay ningún problema para realizar la consulta popular”, sostuvo Petro.
El jefe de Estado también dirigió fuertes críticas a quienes se oponen al mecanismo alegando razones fiscales. A su juicio, esos argumentos carecen de profundidad. Puede leer: Presidente Gustavo Petro resalta crecimiento productivo
“Hay quienes con una pobreza mental enorme, dicen que el gasto de la consulta no se debe hacer, y, por tanto, no se debe efectuar la consulta, porque no estamos bien fiscalmente. ¡Qué barbaridad!”, expresó.
Petro defendió el valor estratégico de la consulta desde una perspectiva de desarrollo social, al considerar que sus efectos compensarían ampliamente el gasto.
“Las ganancias sociales en términos de tiempo libre familiar, que disminuye de facto la inseguridad ciudadana, el crecimiento del amor y la felicidad, el menor stress, el crecimiento sustancial en productividad, el crecimiento del mercado interno, el crecimiento de ganancias empresariales por crecimiento del mercado interno, el aumento de exportaciones por mayor productividad, etc, representa una cifra, en el tiempo, un millón de veces superior, al costo presupuestal de la consulta popular en los próximos meses”, argumentó.
Oposición advierte uso político de la Consulta Popular
En paralelo, desde el Congreso, sectores de oposición intensificaron su rechazo a la propuesta. El senador Miguel Uribe, del partido Centro Democrático, manifestó su confianza en que el Senado niegue la consulta cuando se someta a votación la próxima semana. También puede leer: Referendo por la autonomía regional inicia trámite en Senado
“Es que si necesitamos mensajes de confianza, yo les quiero dar el primero, Dios nos acompañe y la próxima semana le digamos a Colombia entera que no va a haber consulta popular. El miércoles votamos la consulta popular y ojalá Colombia amanezca el jueves sin consulta popular, porque de lo contrario, de lo contrario vamos a tener un problema grandísimo”, dijo el congresista.
“La iniciativa presidencial no pretende resolver ningún conflicto”
Uribe cuestionó la intención del Gobierno al promover el mecanismo y aseguró que no tiene un objetivo democrático, sino electoral.
“La consulta popular no pretende resolver ningún conflicto. Ninguno, ningún problema. La consulta popular va a anticipar las elecciones y permitir que Gustavo Petro haga politiquería con nuestros impuestos”, afirmó.
Según el senador, cada comité ciudadano que promueve el “Sí” en la consulta actuaría como una extensión de la campaña política del Pacto Histórico.
“Cada comité del sí es un comité para promover las listas del Pacto Histórico y del candidato de Petro a la presidencia. No lo podemos permitir”, señaló.
Llamado a frenar la consulta desde el Congreso
Finalmente, Uribe hizo un llamado directo a la ciudadanía y a los legisladores para frenar la iniciativa antes de que avance.
“No se puede votar la consulta popular y si estaban pensando en votar que sí, pídanles que no vayan. Pero entregar la consulta popular puede ser entregarle la presidencia a Gustavo Petro o peor”, concluyó.
El proyecto de consulta ya fue aprobado en la Comisión Primera del Senado y deberá ser debatido en la plenaria. La Casa de Nariño ha reiterado que se trata de un mecanismo legítimo de participación ciudadana y ha insistido en que su implementación no compromete el equilibrio fiscal del país.
