La Fiscalía impone medidas jurídicas sobre 35 bienes muebles e inmuebles en el marco de una investigación por lavado de activos mediante operaciones de comercio exterior. Según el ente acusador, las propiedades estarían relacionadas con una red criminal que operaba desde distintas regiones del país.
Fiscalía impone medidas jurídicas en municipios clave del país
Los bienes afectados están ubicados en Medellín, Bello, El Retiro y San Jerónimo (Antioquia), Cartagena y Arjona (Bolívar), y Aguadas (Caldas). El valor estimado de estos activos asciende a 7.000 millones de pesos. Las propiedades habrían sido adquiridas o utilizadas por empresas fachada vinculadas a esta red ilegal.
Así operaba la red señalada de lavado de activos desde 2016
De acuerdo con los hallazgos, las empresas importaban equipos de cómputo y procesamiento de datos desde Estados Unidos y China. Para dar apariencia de legalidad a los recursos, utilizaban estructuras contables, financieras y sociedades comunes. El esquema llamó la atención de las autoridades por inconsistencias tributarias y aumentos patrimoniales no justificados.
También se detectaron vínculos familiares entre los representantes legales de las compañías, lo que reforzó las sospechas sobre el carácter cerrado y controlado del entramado societario. Puede leer: Fiscalía imputa cargos a presuntos extorsionistas en Bolívar
Empresas sin capacidad para justificar origen del dinero
Según el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), las empresas implicadas y sus representantes carecían de la capacidad financiera y operativa para sustentar el origen legal de los recursos. El análisis patrimonial, fiscal y económico permitió sustentar las medidas impuestas.
Fiscalía impone medidas contra presuntos responsables
La medida fue adoptada tras la judicialización de seis presuntos miembros de la red. Estas personas enfrentan cargos por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito de particulares. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.
Con esta acción, la Fiscalía busca frenar la circulación de activos ilegales y afectar directamente las finanzas de la estructura criminal.
