La Fiscalía General de la Nación embargó tres inmuebles en Ipiales, Nariño, tras comprobar que formaban parte del esquema logístico de una red dedicada al tráfico de migrantes. La organización, conocida como Los Gallegos, operaba en el suroccidente del país.
El hotel, el restaurante y el parqueadero servían para alojar y movilizar migrantes en situación irregular, en su mayoría ciudadanos venezolanos. Estas personas cruzaban Colombia rumbo a Ecuador, Perú y Chile, aprovechando rutas no autorizadas y evadiendo los controles migratorios establecidos.
Las autoridades identificaron que los espacios funcionaban como puntos de paso y descanso dentro de una operación estructurada. Los buses salían en horarios específicos y por rutas previamente acordadas, lo que evidencia un nivel alto de planeación y coordinación.
Más de 30 movimientos ilegales salieron de los inmuebles embargados
Durante la investigación, la Fiscalía registró más de 30 casos en los que los propietarios de los predios recibieron pagos por permitir la salida de buses con migrantes sin documentos. En uno de los operativos, las autoridades detuvieron un vehículo que trasladaba a 31 extranjeros indocumentados, quienes iban camino al sur del continente.
Los migrantes pasaban la noche en el hotel antes de abordar los buses en el parqueadero. Las rutas incluían pasos irregulares y el cruce por el puente internacional de Rumichaca. Según la Fiscalía, la propietaria del hotel mantenía nexos con los cabecillas de la red criminal. Puede leer: Atentado Miguel Uribe Turbay: ya son seis judicializados
Fiscalía General de la Nación: Coordinación interinstitucional para frenar el tráfico ilegal
La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio lideraron esta operación. Con estas acciones, la Fiscalía busca cortar el flujo de recursos de las organizaciones criminales y evitar el uso de inmuebles para fines ilegales.
Las medidas también apuntan a frenar el avance de redes transnacionales que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes. Estas estructuras utilizan rutas clandestinas y dependen de facilitadores dentro del país para operar. Al afectar su patrimonio, el Estado limita su capacidad de seguir delinquiendo y protege a las personas en condición migratoria irregular.
