La Defensoría del Pueblo advirtió que la ejecución rezagada de la política de víctimas, pese al aumento de recursos, pone en riesgo el cumplimiento de la Ley 1448. Esta norma, vigente hasta 2031, concentra las metas más ambiciosas de reparación en Colombia.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió un ajuste inmediato al Plan Nacional de Atención y Reparación a Víctimas mediante un nuevo documento CONPES. Además, aseguró que la falta de resultados amenaza la credibilidad del Estado y el cierre de una política esencial para la paz.

“Estamos pensando en la construcción de paz en el país. Por eso el Gobierno debe garantizar su presencia real para atender la reparación de las víctimas”, afirmó Marín durante la presentación de los informes oficiales.

Ejecución rezagada amenaza cumplimiento de la Ley 1448

Los informes advierten que entre 2025 y 2031 se necesitan 407 billones de pesos para cumplir con las metas de la Ley 1448. Sin embargo, al ritmo actual solo una cuarta parte de las víctimas estaría indemnizada al finalizar la vigencia de la norma.

Marín alertó que los obstáculos son graves. “Vemos rezagos enormes. Para el año 2031 puede que no estén indemnizadas las tragedias de las víctimas”, señaló. De esta manera, insistió en que el Estado debe rediseñar la estrategia.

Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz alerta sobre ejecución rezagada y pide actualizar el CONPES para reparar víctimas.// Foto: cortesía- Defensoría del Pueblo.

Ejecución rezagada refleja fallas en la gestión de recursos

Desde 2011 hasta marzo de 2025 las autoridades han pagado 1.368.269 indemnizaciones administrativas. Esa cifra representa apenas el 19% de más de nueve millones de víctimas registradas.

En 2024 el presupuesto aumentó en un 86% frente a 2023. Aun así, las entidades dejaron 1,06 billones sin comprometer y 1,8 billones comprometidos sin pagar. Por lo tanto, la Defensoría considera que la gestión de recursos muestra fallas graves que deben corregirse con urgencia. Puede leer: La defensora del pueblo llama al respeto por la justicia

Pobreza y vivienda: la deuda que persiste

El impacto social de los rezagos es evidente. El 65% de la población víctima permanece en pobreza por ingresos. El 47% sobrevive con menos de 460.198 pesos al mes. Otro 17,8% vive con menos de 242.389 pesos.

La situación habitacional tampoco mejora. Apenas el 10,7% de los hogares desplazados accede a una vivienda adecuada. Además, los retrasos en subsidios y proyectos rurales profundizan la exclusión social y limitan el derecho a una vida digna.

Retornos y restitución de tierras en retroceso

En el exterior, la atención a las víctimas presenta limitaciones evidentes. Solo 54 de 130 consulados están habilitados para recibir declaraciones. Como resultado, apenas el 10,18% de quienes están registradas fuera del país ha retornado o se ha reubicado.

La restitución de tierras también muestra retrocesos. El Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA) cumplió solo el 36% de la meta en 2024. Además, las decisiones judiciales bajaron de 13.501 en 2017 a 5.999 en 2024. En cambio, la demanda de procesos de restitución se mantiene en aumento.

Fuerza Pública: la reparación aún pendiente

La defensora del Pueblo pidió no olvidar a un sector históricamente excluido. “La Ley 1448 fue reformada el año pasado a través de la Ley 2421 y allí se contempla la necesidad de actualizar estas normas para dar una reparación integral, también a miembros de la Fuerza Pública que sufrieron daños”, señaló.

Agregó que los uniformados enfrentan rezagos enormes en la reparación. Por eso, insistió en que el Gobierno avance en la reglamentación y dé una respuesta integral a los miembros de la Fuerza Pública.

Un reto que compromete la paz

Los entes de control coinciden en que los rezagos ponen en riesgo la promesa histórica de reparar a las víctimas. Además, advierten que sin ajustes inmediatos en la ejecución, la financiación y el alcance de las medidas, el país no cumplirá con los objetivos trazados.

Marín cerró con un mensaje de advertencia. “Si seguimos a este ritmo, no hay una posibilidad real de acompasar las necesidades de reparación con las de construcción de paz en Colombia”, afirmó. Finalmente, reiteró que sin cambios urgentes, la deuda histórica con las víctimas seguirá sin resolverse.

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