Las obras inconclusas de la Institución Educativa Normal Superior de Cartagena se convirtieron en una preocupación constante para su comunidad. Lo que debía ser una intervención para mejorar la infraestructura terminó dejando grietas, filtraciones y riesgos estructurales que hoy amenazan la seguridad de estudiantes y docentes.
El rector Álvaro Hernández Castellón explica que la espera por soluciones ya supera los dos meses. “Estamos esperando que el consorcio Nueva Esperanza venga a dar solución a los 14 puntos que en su momento comentamos”, afirmó. El proyecto, contratado por la administración distrital, buscaba garantizar un servicio educativo digno, pero hoy genera incertidumbre.
Las obras inconclusas generan nuevos daños
A un costado de la entrada principal, el terreno cede lentamente. Hernández muestra con preocupación el empedrado fracturado. “Por no hacer los trabajos de adecuación, la erosión ha ido sacando la tierra debajo del empedrado y esto estaría poniendo en riesgo el bloque uno”, advierte.
El rector asegura que este deterioro es consecuencia directa de la falta de planeación en el manejo de aguas lluvias. “No dejaron el espacio que se requería para la evacuación de aguas, y la lluvia ha hecho lo que el contrato no previó”, explicó.
Esta situación no solo retrasa el regreso completo a clases presenciales, sino que expone a los estudiantes a un entorno inseguro. Según el Ministerio de Educación Nacional, las obras escolares deben cumplir normas técnicas de accesibilidad y resistencia estructural. Sin embargo, en este caso, la ejecución parece haberse quedado corta frente a los estándares exigidos. Aquí los detalles.
Padres denuncian fallas eléctricas y estructurales
El padre de familia Carlos Zambrano alza la voz ante lo que califica como un “desorden disfrazado de arreglo”. “Lo que hicieron fue desordenar lo que estaba hecho. Tenemos el frente que se está cayendo a pedazos”, denuncia.
Zambrano asegura que la comunidad ha elevado varias quejas ante las autoridades competentes sin obtener respuesta efectiva. “Necesitamos que la Contraloría y la Procuraduría se apersonen de la situación”, reclama.
Uno de los mayores riesgos está en el sistema eléctrico. “Tenemos un transformador que llegó hace más de dos meses. Vienen cada quince días, hacen algo y se van. No ha sido posible tenerlo en funcionamiento”, cuenta. La falta de energía adecuada limita el uso de aulas y laboratorios, afectando el desarrollo de actividades académicas.
El llamado de los padres se suma a la preocupación del cuerpo docente, que teme por el regreso de la temporada de lluvias. Las filtraciones y la humedad podrían agravar los daños estructurales y comprometer la estabilidad de los nuevos bloques.
Las obras inconclusas afectan la seguridad de los niños
Karen Margarita Polo Bolívar, representante de los padres ante el consejo directivo, denuncia que las promesas del contratista quedaron en el aire. “Las lámparas todavía se siguen cayendo. Es un riesgo latente e inminente para nuestros niños”, advierte.
Durante la visita técnica del contratista, se identificó contaminación en los materiales de la entrada, pero —según Polo— “todavía no han hecho nada”. Además, el techo principal muestra signos de desprendimiento.
Los padres aseguran que estaban esperanzados en que durante la semana de receso escolar se realizaran las adecuaciones pendientes. Sin embargo, el tiempo pasó y los estudiantes regresan a clases este martes, sin que se observe ninguna solución concreta. “Pensamos que aprovecharían las vacaciones para arreglar estos problemas, pero no fue así”, lamenta Polo.
La comunidad educativa siente que ha sido ignorada. Las obras inconclusas no solo reflejan un incumplimiento técnico, sino una falta de compromiso con la educación pública. “No se trata de un favor, sino de garantizar condiciones seguras y dignas para aprender”, señala.
Exigen control y transparencia en los contratos públicos
Las denuncias de la Normal Superior no son un caso aislado. En Cartagena, varias instituciones educativas han reportado fallas similares tras obras contratadas con fondos públicos. La Contraloría Distrital ha advertido que los proyectos de infraestructura escolar deben incluir planes de mantenimiento y supervisión posterior para evitar el deterioro prematuro de las instalaciones.
Para Hernández, la solución pasa por la acción inmediata del consorcio responsable y el seguimiento de los entes de control. “Queremos prestar un servicio educativo de calidad, pero sin garantías materiales, eso no es posible”, concluye.
La comunidad insiste en que la educación no puede seguir siendo víctima de la improvisación administrativa. Padres, docentes y estudiantes reclaman una revisión urgente de los contratos y la entrega final de las obras con las especificaciones prometidas.
