El Gobierno nacional dio a conocer un borrador de decreto con el que busca repatriar $125 billones de recursos de los fondos privados de pensiones actualmente invertidos en el exterior.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha presentado una iniciativa, disponible en su página web, que busca modificar el Decreto 2555 de 2010. El propósito es redefinir el régimen de inversión internacional de los fondos de pensiones obligatorias, orientando una porción más significativa del ahorro pensional hacia la economía del país.
El borrador del documento, hecho público el 21 de enero de 2026, establece que no se trata de una prohibición total a la inversión en el exterior, sino de un ajuste gradual y prudencial. Este cambio busca limitar la inversión extranjera al 30% del total de los recursos gestionados por los fondos privados. El plazo para presentar comentarios sobre este documento se extiende hasta la medianoche del 4 de febrero.
$125 billones de recursos y el nuevo límite a la inversión externa
El borrador establece como un eje central la definición de un límite global del 30% para la inversión en activos extranjeros. Este tope se aplicará de forma agregada a los cuatro tipos de fondos de pensiones obligatorias: conservador, moderado, de mayor riesgo y especial de retiro programado.
El 70% de los fondos restantes de los afiliados deberá ser invertido en el país, priorizando sectores productivos considerados estratégicos para la nación. Según el Gobierno, esta medida busca dirigir el ahorro hacia actividades con alto potencial para impulsar la economía doméstica y generar un impacto positivo generalizado.
El borrador detalla que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de impulsar la creación de un banco de proyectos de inversión con un claro enfoque productivo. Para ello, se utilizarían los activos que son admisibles dentro del marco del régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias.
Este mecanismo se concibe como una herramienta clave para dirigir los recursos financieros hacia proyectos considerados de alta prioridad para el crecimiento y desarrollo económico.
$125 billones de recursos y el enfoque productivo nacional
La propuesta se fundamenta en la necesidad de generar nuevas oportunidades de inversión a nivel nacional. En uno de sus considerandos, señala que la medida busca “permitir nuevas oportunidades de inversión a nivel nacional, especialmente, aquellas destinadas al desarrollo de proyectos productivos en sectores con altos multiplicadores económicos, como el de infraestructura y construcción”.
Según el borrador, estos sectores tienen “potencial impacto positivo sobre el PIB, por encima del multiplicador promedio de la economía”. Por esa razón, el Gobierno considera que redirigir parte de los recursos pensionales hacia estas áreas puede contribuir de forma significativa al crecimiento económico y a la generación de empleo.
Además, el texto incorpora datos oficiales para sustentar la necesidad de fortalecer el ahorro interno. Cita cifras del DANE, según las cuales, en el tercer trimestre de 2025, los niveles de inversión representaban el 19,7% del PIB, mientras que los niveles de ahorro apenas alcanzaban el 8% del PIB. Para el Ejecutivo, esta brecha “evidencia la necesidad de promover el incremento del ahorro nacional para financiar eficientemente las necesidades de inversión del país”. Lea el borrador del decreto aquí.
$125 billones de recursos y un régimen de transición gradual
Aunque el límite del 30% es la meta final, el borrador contempla un esquema de transición para minimizar impactos repentinos en las carteras de inversión. Por lo tanto, los fondos privados de pensiones obligatorias dispondrán de un período máximo de cinco años para adaptarse a este nuevo tope global.
El esquema propuesto se implementará de manera gradual: inicialmente, se permitirá un umbral intermedio del 35% al tercer año, el cual se reducirá al 30% en el quinto año. Según el Gobierno, esta progresión busca asegurar la estabilidad financiera, minimizar los riesgos y facilitar una adaptación ordenada de las estrategias de inversión de las administradoras.
Según la memoria justificativa, la medida adoptada no se debe a un escenario de incumplimiento. El documento, que utiliza información de la Superintendencia Financiera de Colombia, detalla que, al 30 de noviembre de 2025, los fondos de pensiones obligatorias administraban un total de $527,3 billones en recursos.
De ese total, $257,1 billones correspondían a inversiones en activos del exterior, lo que equivale aproximadamente al 48,8% del portafolio agregado. No obstante, el texto aclara que las administradoras “cumplen con los límites individuales de inversión en el exterior”, lo que demuestra que la propuesta se enmarca en un ajuste prudencial de carácter agregado y no en una corrección por incumplimientos normativos.
$125 billones de recursos y la meta de repatriación
Con estas cifras como punto de partida, el Gobierno estima que, en un lapso de cinco años, podría repatriar alrededor de $125 billones de recursos actualmente invertidos en el extranjero. Ese monto sería redirigido hacia inversiones internas, bajo criterios técnicos y de rentabilidad ajustada al riesgo.
El borrador de decreto resume el alcance de la propuesta al señalar: “En síntesis, la propuesta regulatoria responde a una visión integral: proteger los intereses de los afiliados, garantizar la sostenibilidad del sistema pensional y promover el desarrollo del mercado de capitales colombiano”.
Asimismo, el documento subraya que la implementación será “gradual, técnica y transparente”, y que cada decisión estará respaldada por análisis de riesgo, estudios de mercado y criterios de rentabilidad. El objetivo, añade el texto, es consolidar un modelo de inversión que combine seguridad, rentabilidad y responsabilidad social, en beneficio tanto de los afiliados como del país.
La iniciativa de repatriar recursos de pensiones fue planteada a finales del año pasado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, quien señaló que estos fondos podrían servir para “financiar buena parte de los proyectos estratégicos de infraestructura que tiene el país”.
Mientras avanza el periodo de comentarios públicos, el borrador de decreto abre un nuevo debate sobre el papel del ahorro pensional en la financiación del desarrollo nacional y sobre el equilibrio entre diversificación internacional y fortalecimiento de la inversión interna.
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