40 casos de violencias basadas en género es el balance que hoy expone el Gobierno Nacional sobre la situación interna de la Universidad de Cartagena. Las denuncias, tramitadas ante el Ministerio de Educación, la Fiscalía y la Procuraduría, derivaron en una sanción histórica y pusieron en evidencia fallas estructurales en la protección de las víctimas, según relató María Alejandra Benítez, designada por el presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior de la institución.
Desde su rol como representante del Ejecutivo en el máximo órgano de gobierno universitario, Benítez sostiene que el enfoque de género no es una posición personal ni coyuntural, sino una directriz clara del Gobierno Nacional.
“La agenda de género y el tratamiento de las violencias basadas en género hacen parte de la agenda estratégica de las y los designados del presidente de la República en los consejos superiores”, afirmó.
40 casos dentro de una agenda prioritaria del Gobierno
La designada presidencial explicó que la agenda impulsada desde el Gobierno incluye temas como infraestructura, presupuesto y bienestar universitario. Sin embargo, es en este último eje donde se concentran los mayores retos.
“En ese gran acápite de bienestar universitario ubicamos el tema de los espacios libres de violencias basadas en género”, Benítez hizo hincapié en que su nombramiento, formalizado en noviembre de 2022, se realizó bajo el amparo de la Ley 30 de 1993.
En ese marco, durante una de sus primeras participaciones en el Consejo Superior, el tema de la perspectiva de género fue prioritario. En este sentido, propuso la conformación de una Comisión de Género, argumentando que la institución carecía de un enfoque sólido para abordar una problemática que ya se hacía evidente en diversas facultades y estamentos.
Al poco tiempo, empezaron a recibirse las denuncias. “Empezamos a recibir una serie de quejas por parte de estudiantes, docentes y administrativos, de comportamientos que constituyen violencia basada en género según las normas internacionales de derechos humanos y la normatividad colombiana”, explicó.
40 casos y una denuncia que evidenció el colapso institucional
Entre los 40 casos, uno en particular marcó un punto de quiebre. Benítez relató que en diciembre de 2022 una estudiante se acercó a ella en estado de angustia, denunciando que la Universidad de Cartagena no le había dado trámite ni protección frente a un caso de acoso sexual.
“La estudiante me aborda llorando porque la universidad no le ha dado respuesta ni la ha protegido ante un caso de acoso sexual por parte de un tutor”, contó. Según su relato, la joven había acudido a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario y a la decanatura, pero terminó sintiéndose revictimizada.
Benítez explicó que, al revisar el caso, se evidenció que el presunto agresor tenía otros antecedentes. “Después en la investigación encontramos que esta persona tenía varios casos por acoso sexual”, afirmó.
El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio de Educación Nacional, que adelantó un proceso administrativo sancionatorio. La resolución, expedida el 29 de diciembre de 2025, concluyó que la universidad incumplió su propio protocolo de género.
“El Ministerio evidencia que la universidad violentó su propio protocolo y en ese sentido sanciona a la universidad, al rector y al decano de Ciencias Económicas”, explicó.
40 casos entre Fiscalía, Procuraduría y el Ministerio
La designada presidencial aclaró que los 40 casos no corresponden a un solo expediente ni a una única vía institucional. “Estos casos están en fiscalía, están en procuraduría y otros están en el Ministerio de Educación Nacional surtiendo sus trámites”, precisó.
El Gobierno, según se explicó, “ha actuado de manera responsable al informar a los organismos de control sobre cada situación. Incluso en casos donde las víctimas prefieren no presentar una denuncia formal, se activan los protocolos de alerta institucionales”.
“Hay víctimas que por miedo no quieren denunciar. En esos casos, yo pongo en alerta al Ministerio de Educación Nacional de la situación particular”, afirmó, subrayando que el respeto por la decisión de las víctimas es un principio central.
40 casos y la obligación de activar el protocolo de género
Uno de los puntos más reiterados por Benítez fue la obligación de activar el protocolo de género vigente en la Universidad de Cartagena. Para ella, no se trata de una decisión discrecional.
“Active el protocolo de género porque eso es lo procedente. Por los hechos ocurridos entre los estamentos, tiene que activarse”, sostuvo.
El protocolo actual fue aprobado por el Consejo Superior en junio de 2023 y permite distintas formas de denuncia. Entre ellas, el Escracher, un mecanismo de visibilización reconocido por la Corte Constitucional.
“Los Escracher son un mecanismo de denuncia de las víctimas y de las colectivas feministas ante la negativa o el silencio de la institucionalidad”, explicó.
Benítez destacó que, gracias a la creación de la Comisión de Género, se lograron avances inéditos. “Por primera vez se iniciaron procesos disciplinarios contra indeterminados cuando las colectivas feministas se manifestaron y denunciaron situaciones de violencia basada en género”, afirmó.
Aunque aclaró que no tiene el número exacto de procesos activos, indicó que estas investigaciones continúan abiertas y corresponden a otros casos distintos a los ya sancionados por el Ministerio.
40 casos y una sanción histórica en el continente
Para la designada presidencial, la resolución del Ministerio de Educación tiene un alcance que va más allá de lo económico. “Es la primera sanción no solamente en Colombia, sino en el continente, contra una universidad y directivos por no aplicar a tiempo los protocolos de protección de género”, aseguró.
Aunque la sanción es de carácter económico, Benítez subrayó su valor simbólico. “Para las víctimas y las colectivas feministas tiene un valor enorme, porque es la primera vez que un gobierno sanciona en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia las violencias basadas en género”, dijo.
40 casos vistos desde la experiencia personal
Para María Alejandra Benítez, los 40 casos de violencias basadas en género no son una cifra fría ni un asunto meramente administrativo. Su postura, afirmó, también está atravesada por su propia historia dentro de la Universidad de Cartagena.
“Yo soy egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Terminé en el 2015 y fui acosada por un docente en mi época de estudiante. Tuve la valentía de denunciar en ese momento y ese docente hoy en día no está”, señaló.
Desde ese lugar de enunciación, explicó que su rol como designada presidencial no se limita a una representación institucional, sino a una convicción construida desde la experiencia.
“Por eso, de una u otra forma, el señor presidente de la República, en ese diálogo que tuvimos en agosto de 2022, me propone ser su designada”, relató.
40 casos y una postura marcada por la vivencia
Benítez aseguró que el enfoque de género ha sido una prioridad explícita del Gobierno Nacional desde el inicio del actual mandato. “El presidente puso muy clara su agenda frente a los temas de género y rodeó las designaciones femeninas de feministas reconocidas en sus territorios”, afirmó.
Desde esa posición, fue enfática en advertir una práctica que, según dijo, se repite al interior de la universidad. “Siempre hay una tendencia a proteger al agresor y eso es gravísimo”, sostuvo.
Cuestionó además expresiones que, en su criterio, normalizan la violencia y minimizan el dolor de las víctimas. “Desestimar frases como ‘eso es normal’, ‘entiéndelo, es su forma de ser’, o decir que no va a pasar a mayores, es poner por debajo del suelo el dolor que puede estar sintiendo la o le estudiante”, expresó.
Benítez también llamó la atención sobre la situación de las diversidades sexuales dentro de la institución. “Hay un tema muy serio con las diversidades sexuales al interior de la Universidad de Cartagena, y me parece absolutamente irrespetuoso que desde cargos directivos se atente contra ellas”, dijo, al señalar que estas situaciones ya han sido puestas en conocimiento del Gobierno Nacional.
Para la designada presidencial, reconocer la dimensión de estos casos implica una responsabilidad institucional ineludible. “El primer paso cuando hay una enfermedad es reconocer que existe”, concluyó. “La Universidad de Cartagena tiene un problema real de violencias basadas en género y debe empezar por reconocerlo para poder corregirlo”.
40 casos y el reto de reconocer la crisis
La designada presidencial concluyó que el primer paso para superar esta situación es el reconocimiento institucional. “La Universidad de Cartagena tiene una enfermedad real, que son las violencias basadas en género”, afirmó.
En su criterio, la sanción del Ministerio representa una oportunidad histórica para corregir fallas estructurales, escuchar a las víctimas y garantizar que la universidad pública sea un espacio seguro para todos los géneros.
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