El debate fiscal volvió al centro de la agenda nacional. $13 billones es la cifra que, según el presidente Gustavo Petro, tendría que recortar el Gobierno si la Corte Constitucional no aprueba la Emergencia Económica y Social decretada a finales de 2025.
La advertencia la hizo durante la segunda sesión del Consejo de Ministros, reunido en Montería, en medio de un escenario de alta presión presupuestal y con un mensaje directo: si la Corte no avala la medida, el Ejecutivo tiene un plan alterno.
Desde el inicio de su intervención, el mandatario dejó claro que la $13 billones no es una cifra menor ni un recurso retórico. Para el Gobierno, ese monto representa recursos clave para atender lo que calificó como un “desastre” fiscal y social aún en desarrollo. Por eso, insistió en que la Emergencia Económica no solo es necesaria, sino urgente.
“Si la Corte no aprueba la Emergencia Económica y Social que decretamos, tendremos que decretar otra. Ese es nuestro plan B”, afirmó el presidente, subrayando que la decisión no responde a un capricho político, sino a una situación excepcional que, a su juicio, sigue vigente.
$13 billones en riesgo y la posibilidad de una nueva emergencia
Durante su intervención, el jefe de Estado fue enfático al señalar que, si la Corte Constitucional decide no avalar el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, el Gobierno se verá obligado a expedir una nueva declaratoria de emergencia, aun asumiendo los riesgos jurídicos que ello implica.
“Si no nos dejan la emergencia económica, que a quién se le ocurre que en este momento no deba haber una emergencia económica, entonces nos toca decretarla otra vez, a riesgo”, expresó el mandatario ante su gabinete.
En ese contexto, el presidente explicó que el Ejecutivo quedó sin una fuente clave de financiación luego de que la Corte suspendiera de manera cautelar el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025. Esa norma, expedida al amparo de la Emergencia Económica y Social, establecía impuestos a los licores, al patrimonio y otros gravámenes orientados a financiar la atención de la crisis.
Según Petro, mientras la Corte no emita un pronunciamiento de fondo, el Gobierno no puede utilizar esos recursos. De ahí, insistió, surge el vacío fiscal que pone en riesgo $13 billones del presupuesto.
$13 billones, impuestos suspendidos y el vacío fiscal
El presidente detalló que la suspensión de los impuestos decretados dejó al Gobierno sin margen de maniobra inmediato. En su discurso, planteó una pregunta directa sobre el origen de los recursos necesarios para enfrentar la crisis.
“¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿De los niños que tienen hambre? ¿De los trabajadores a los que no les quieren subir el salario unos señores del Consejo de Estado? ¿A la gente que trabaja?”, cuestionó el mandatario.
Acto seguido, enumeró los costos estimados de la emergencia, que oscilan entre los $7 y $10 billones, aunque aclaró que el valor final aún no se conoce porque la situación no ha terminado. En ese escenario, insistió en que la única salida viable es acudir a quienes concentran mayores niveles de riqueza.
“No puede salir sino de los ricos. Hay unos ricos que estaban en el decreto de emergencia; entonces ahora habrá menos; o sea, la cupulita, cupulita, es la que tiene que pagar todo, de nuevo”, sostuvo.
Para el presidente, la discusión no es solo técnica, sino política y social. De ahí que advirtiera que, si la Corte vuelve a tumbar un eventual nuevo decreto, el Gobierno evaluará los siguientes pasos.
$13 billones menos para las regiones si no hay aval
Uno de los mensajes más sensibles del discurso presidencial estuvo dirigido a los gobernadores. Petro aseguró que, si la Corte Constitucional niega la solicitud del Ejecutivo, la consecuencia inmediata será un recorte de $13 billones en el presupuesto, lo que impactaría directamente los recursos destinados a las regiones.
“Si la Corte Constitucional, en su ejercicio libre y autónomo, niega nuestra solicitud, la consecuencia inmediata es que tenemos que recortar $13 billones; menos dinero para ustedes (los gobernadores). Pero tenemos plan B”, afirmó.
Con esta advertencia, el presidente buscó dimensionar el alcance territorial de la decisión judicial. Según su planteamiento, el recorte no sería abstracto ni simbólico, sino que se traduciría en menos inversión y menos capacidad de respuesta del Estado en los departamentos.
El mensaje también dejó ver una estrategia política clara: trasladar el debate más allá del Ejecutivo y la Corte, involucrando a los mandatarios regionales y, por extensión, a las comunidades que dependen de esos recursos.
$13 billones y el enfoque en los más ricos
En la parte final de su intervención, el presidente reiteró que cualquier nuevo esquema de impuestos derivado de una emergencia recaería exclusivamente sobre los sectores de mayores ingresos. Dejó claro que no está en los planes del Gobierno gravar al pequeño o mediano empresario, al campesinado ni a los trabajadores.
“No les queremos poner impuestos al pequeño y mediano empresario, menos al campesino, a la gente que trabaja, al profesional. Vamos a la cúpula de la sociedad”, afirmó.
El mandatario defendió los impuestos contemplados en los decretos de emergencia y en las leyes asociadas como un mecanismo para redistribuir cargas en un momento crítico. Incluso, puso como ejemplo el impuesto al alcohol, al señalar que podría “ayudar a salvar la vida” en medio de la emergencia.
En uno de los pasajes más contundentes de su discurso, contrastó la situación del campesinado con la de grandes grupos económicos: “Mientras el campesinado de Córdoba está con el agua al cuello, al señor Luis Carlos Sarmiento se le han suspendido los impuestos que no ha pagado”, aseguró.
Con esta afirmación, el presidente cerró su intervención reforzando el enfoque social de la medida y dejando claro que, para el Gobierno, la discusión sobre $13 billones no es solo presupuestal, sino una disputa sobre quién debe asumir el costo de la crisis.
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