El Gobierno nacional oficializó este 20 de agosto la reapertura de las negociaciones de paz con el Clan del Golfo. La mesa de diálogo fue trasladada a Doha, Catar. La decisión busca garantizar condiciones de seguridad y, además, avanzar en la transformación de las regiones donde opera este grupo armado. El Clan es considerado el más numeroso del país, con presencia en al menos 17 departamentos.
El Gobierno nacional explica las razones de la reapertura
La reanudación de los contactos con el Clan del Golfo hace parte de la política de Paz Total. Esta estrategia diferencia entre diálogos políticos con insurgencias y procesos de sometimiento con estructuras criminales. El Ejecutivo insiste en que no hay reconocimiento político. Sin embargo, plantea que es un camino hacia el desmantelamiento de esta organización.
Antecedentes de las conversaciones con el Clan del Golfo
Los acercamientos se iniciaron en 2024 y fueron suspendidos por diferencias internas. Además, la exclusión de cabecillas con órdenes de extradición frenó los avances. Ahora, el Gobierno confirmó que seis representantes del Clan participan en la mesa, mientras los máximos jefes permanecen por fuera del proceso. En consecuencia, la negociación se desarrolla con figuras de segundo nivel.
El Gobierno nacional define la mesa de negociación en Catar
El jefe negociador designado es Álvaro Jiménez, abogado con experiencia en resolución de conflictos. Ha trabajado como asesor del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño. En el pasado integró la delegación oficial en los diálogos con el ELN en Cuba. Jiménez fue víctima de amenazas de esa guerrilla. Por lo tanto, su designación refuerza el perfil de una figura clave en escenarios de negociación. Puede leer: “En Colombia no estamos en un caos en seguridad”, Petro
Qué se discute en Doha
De acuerdo con Jiménez, los temas iniciales incluyen frenar el reclutamiento de menores y disminuir la expansión territorial. También se abordará la crisis humanitaria en el Tapón del Darién, donde el Clan controla rutas migratorias irregulares. Además, se plantea la transformación de economías ilegales en Urabá, Córdoba, Chocó y Bajo Cauca.
Retos legales y políticos del proceso
El Gobierno ha reiterado que no se creará un sistema de justicia paralelo. La intención es aplicar los marcos vigentes con algunos elementos de justicia transicional. No obstante, la aprobación de la ley de sometimiento en el Congreso será determinante. Este proyecto, radicado en julio, busca definir beneficios y sanciones. Mientras tanto, el debate político y jurídico continúa abierto.
El Gobierno nacional: obstáculos y riesgos identificados
El proceso enfrenta varios desafíos. La ausencia de los jefes más buscados limita las decisiones de fondo. Además, la falta de una norma clara que respalde el sometimiento debilita los incentivos para entregar bienes y reparar a las víctimas. Informes recientes también señalan que el Clan ha incrementado su poder en los últimos dos años. En consecuencia, existen dudas sobre su disposición real a desmantelarse.
A esto se suma la presión internacional. En febrero, Estados Unidos planteó catalogar a esta organización como grupo terrorista. Tal decisión complicaría la negociación y, además, restringiría apoyos externos. Por otra parte, la ONU no participa como garante, ya que no reconoce al Clan como actor político. Lea también: El presidente Petro advirtió sanciones si cae Acuerdo de Paz
Escenarios y próximos pasos tras la reapertura
Expertos coinciden en que el éxito dependerá de señales verificables en el terreno. Entre ellas destacan la reducción de homicidios, la disminución de extorsiones y el cese del reclutamiento de menores. Otro indicador será el control de los flujos migratorios en la frontera con Panamá.
El Ejecutivo espera que el trámite legislativo de la ley de sometimiento avance en el Congreso. Con ello busca ofrecer seguridad jurídica al proceso. De lo contrario, la mesa en Catar corre el riesgo de quedarse en un gesto simbólico sin impacto en las regiones.
