Propiedad de tierras en Barú: Petro exige cumplir fallo judicial y pagar arriendo a comunidad afro
La Propiedad de tierras en Barú volvió al centro del debate nacional luego de que el presidente de la República cuestionara públicamente la legalidad de un terreno ubicado en la isla y exigiera el cumplimiento de decisiones judiciales que, según afirmó, ordenan devolverlo a la comunidad afrodescendiente.
El pronunciamiento se dio durante el evento de entrega de 82 mil hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Chaparral, donde el mandatario abordó la situación jurídica de un predio en la isla de Isla Barú, en el departamento de Bolívar.
Petro cuestiona propiedad de tierras en Barú
Durante su intervención, el jefe de Estado señaló que el propietario del grupo empresarial al que pertenece el diario El Tiempo y la compañía Corficolombiana —accionista de Promigas— debería pagar arriendo a la comunidad afro de la isla o devolver el terreno.
Según el mandatario, los jueces ya habrían determinado que el predio no pertenece al empresario mencionado y que existe una orden judicial para su restitución. En ese sentido, aseguró que no se ha dado cumplimiento a dichas decisiones.
“Los jueces ya determinaron que la devuelva, y no le hace caso a los jueces”, afirmó el presidente durante el acto público.
El debate sobre la Propiedad de tierras en Barú se enmarca en un conflicto histórico relacionado con la tenencia de tierras en territorios colectivos de comunidades afrodescendientes, especialmente en zonas costeras de alto valor turístico y estratégico.
Contexto del predio y actividad empresarial
En su discurso, el mandatario explicó que en el terreno en cuestión se desarrollan actividades vinculadas con la transformación de gas importado, proceso mediante el cual se regasifica el combustible antes de su distribución por gasoductos. Según indicó, esa operación generaría ingresos por cada millón de BTU procesado.
El presidente sostuvo que el uso del terreno se habría dado sin autorización de la comunidad afro y sin el pago correspondiente de arriendo, lo que —según su versión— constituye una ocupación indebida.
Llamado a la Agencia Nacional de Tierras
En ese contexto, el jefe de Estado pidió al director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, que proceda conforme a la ley para garantizar el cumplimiento del fallo judicial.
El mandatario planteó dos posibles escenarios: que el propietario pague los cánones de arrendamiento establecidos por la comunidad o que desocupe el terreno.
“Si no paga arriendo de acuerdo a la comunidad, que se lleve su barco para otro lado”, expresó el presidente, reiterando su postura frente a la Propiedad de tierras en Barú.
Implicaciones jurídicas y sociales
La discusión sobre la Propiedad de tierras en Barú no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales y jurídicas. La isla ha sido escenario de disputas por el control y uso del territorio, en especial por el reconocimiento de derechos colectivos de comunidades afrodescendientes.
Las decisiones judiciales mencionadas por el mandatario serían clave para definir la titularidad del predio y el alcance de las obligaciones del empresario señalado. Hasta el momento, no se ha conocido una respuesta oficial del grupo empresarial frente a las declaraciones presidenciales.
Expertos en derecho agrario señalan que los conflictos sobre tierras en territorios colectivos requieren un proceso riguroso de verificación catastral, análisis de títulos y revisión de sentencias previas.
Entrega masiva de tierras y política agraria
El pronunciamiento presidencial se dio en el marco de la entrega de 82 mil hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras, una de las acciones más significativas en materia de reforma agraria en lo que va del actual gobierno.
El evento, realizado en Chaparral, buscó avanzar en la formalización y adjudicación de tierras a campesinos y comunidades históricamente excluidas. En ese contexto, el caso sobre la Propiedad de tierras en Barú fue presentado como ejemplo de la necesidad de hacer cumplir las decisiones judiciales relacionadas con restitución y reconocimiento territorial.
Debate nacional en curso
Las declaraciones presidenciales abren un nuevo capítulo en el debate sobre la relación entre grandes conglomerados empresariales y comunidades étnicas en Colombia. El caso de la Propiedad de tierras en Barú podría escalar a instancias judiciales o administrativas adicionales si se adoptan medidas formales por parte de las autoridades competentes.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que se debe respetar la decisión de los jueces y garantizar los derechos de las comunidades afrodescendientes de la isla.
