El senador del partido Alianza Verde y analista Ariel Ávila reabrió el debate nacional sobre el impuesto de seguridad que se cobra en el Valle del Cauca desde 2017. Según advirtió, persisten dudas jurídicas y de transparencia en el manejo de los recursos, mientras los indicadores de seguridad del departamento muestran un deterioro progresivo.
Impuesto de seguridad en el Valle: origen y aplicación
El tributo, conocido como tasa de seguridad y convivencia, se cobra en los estratos 4, 5 y 6 a través del recibo de energía eléctrica. Fue creado durante la primera administración de la actual gobernadora Dilian Francisca Toro y es administrado por un fondo cuenta.
Ávila recordó que desde su inicio surgieron reparos legales. “Este impuesto ha sido totalmente cuestionado por aspectos jurídicos, ya que en la vida real no es muy claro por qué un departamento puede cobrar un tipo de impuestos de estos en un tema que depende de la nación”, señaló.
El congresista insistió en que tampoco resulta claro el vínculo del cobro con el servicio de energía. “¿Por qué se cobra en el servicio público de energía, cuál es la obligación con la seguridad?”, preguntó.
Extensión del tributo hasta 2032 y pignoración de recursos
Aunque una ordenanza de 2016 fue anulada, otra expedida en 2025 extendió la vigencia del impuesto hasta el año 2032. Esa misma norma abrió la puerta a que el 60% del recaudo se pignore como garantía de préstamos. Vea el mensaje completo del senador aquí.
“En otras palabras, se permite que se saquen préstamos para utilizar plata debido a las proyecciones que hay sobre el recaudo de impuestos. Todo en un año preelectoral como este, cosa tan rara con Dilian Francisca Toro”, expresó Ávila.
Recaudo del impuesto de seguridad y defensa jurídica
El senador aseguró que parte del recaudo se ha usado en la defensa del propio tributo ante las demandas de nulidad. “Más de 6.000 millones de pesos de este mismo impuesto se han gastado en defender las diferentes demandas a la tasa de seguridad en el Valle del Cauca”, afirmó.
De acuerdo con sus estimaciones, entre 2017 y 2025 la Gobernación habría recibido cerca de 196.000 millones de pesos por este concepto.
Inseguridad en el Valle y falta de resultados
Ávila cuestionó que, pese al recaudo, la seguridad del departamento no muestre mejoras. “En todo caso la seguridad del Valle del Cauca está muy mal. Ustedes vieron los atentados que hubo en Cali, lo que está pasando en Jamundí, los combates en Tuluá, la situación de chotas, espartanos, ELN y clan del Golfo en Buenaventura o lo que está pasando en los límites con el Chocó”, relató.
El congresista advirtió además sobre el aumento de las extorsiones, delito que, según dijo, golpea con fuerza a comerciantes y ciudadanos en general. Puede leer: Senadores evalúan gestión de Petro tras tres años de gobierno
Recursos opacos y mayor gasto en años electorales
El senador denunció que los informes entregados por la Gobernación a la Asamblea Departamental no ofrecen suficiente detalle. “Los informes son superficiales, espurios y sin mayor detalle”, afirmó.
También llamó la atención sobre el comportamiento del gasto. “Efectivamente en el año 2023, cuando fueron elecciones locales, se invirtió más plata. Luego en 2024 estuvo más o menos igual el recaudo con la inversión y en 2025, año preelectoral, vuelve y se dispara la inversión”, señaló.
Tercerización y burocracia creciente con el impuesto de seguridad
Según Ávila, gran parte del dinero se destina a programas de gestores de convivencia y seguridad ciudadana, la mayoría tercerizados. “Se contratan unas firmas, las firmas contratan un montón de gente y al final no sabemos ni cuánta gente termina siendo contratada. Vuelvo y repito, en año preelectoral, imagínese lo que eso significa, un capital burocrático impresionante”, dijo. También puede leer: Firman acuerdo para fortalecer derechos humanos en Colombia
Interrogantes sobre el futuro del tributo
Al concluir, Ávila planteó tres preguntas centrales:
¿En qué se está invirtiendo realmente la plata de la tasa de seguridad?
¿Cuál es el indicador de éxito, si la situación del departamento en materia de seguridad se sigue deteriorando?
¿Cuál será el impacto de la pignoración del 60% del recaudo en la seguridad futura del Valle del Cauca?
“Seguramente nunca vamos a encontrar respuesta y tampoco los órganos de control le van a pedir respuestas a la todopoderosa gobernadora del Valle de Dilian Francisca Toro”, concluyó.
